El Congreso brasileño aprobó ayer, con amplia mayoría, la creación de una Comisión Parlamentaria Mixta de Investigaciones (CPMI) sobre la red de corrupción montada por un financista del juego clandestino, preso en Brasilia, con supuestas ramificaciones en el gobierno y la oposición.
La presidenta interina del Parlamento, diputada Rose de Freitas, anunció hoy la formación de la CPMI sobre la trama de sobornos y contratos con el Estado montada por el procesado Carlos Ramos, la cual contó con el respaldo de 409 legisladores, siendo que sólo precisaba de 198 firmas.
El amplio apoyo obtenido por la CPMI demuestra que ésta fue
votada por parlamentarios oficialistas y opositores,
posiblemente atentos a la demanda de la opinión pública, que en
diversas encuestas muestra creciente rechazo al desvío de fondos
públicos y la impunidad de los delincuentes.
Apodado como "Carlinhos Cachoeira", Carlos Ramos es uno de
mayores financistas del Juego del Bicho, la popular quiniela
clandestina que mueve el equivalente a millones de dólares en
Brasil cada año.
Sin embargo, la red de corrupción que capitaneaba Cachoeira,
no se retringía a controlar el rentable mercado "bicheiro"
(quiniela) y todo indica que sus tentáculos se extendieron hasta
la construcción civil, a través de la empresa Delta, cuyos
contratos con el Estado crecieron el 2.000% en 8 años, según
informaciones obtenidas por la Policía Federal.
La constructora Delta firmó contratos por miles de millones
de dólares con el Estado para ejecutar obras del Programa de
Aceleración del Crecimiento, principal plan del gobierno de
Dilma Rousseff.
Parlamentarios del Partido de la Socialdemocracia Brasileña,
principal fuerza opositora, dejaron trascender hoy que van a
exigir una "investigación a fondo" de las obras concedidas a
Delta, porque esto afectará directa o indirectamente a Rousseff.
El objetivo opositor es demostrar que el gobierno estableció
algún tipo de acuerdo ilícito con la constructora que, al
parecer, recibía y lavaba dinero del crimen organizado.
El senador Alvaro Dias, jefe del bloque del Partido de la
Socialdemocracia, pidió que la CPMI no sea compuesta solamente
por diputados y senadores del oficialismo.
Y el diputado Chico Alencar, del Partido Socialismo y
Libertad, adversario del gobierno, dijo que existe el "riesgo"
de que la comisión sea "embarrada" por el oficialismo, para
evitar que llegue a revelaciones comprometedoras.
En tanto el jefe del bloque del oficialista Partido de los
Trabajadores, diputado Jilmar Tatto, dijo hoy que los cargos
principales de la CPMI corresponden a los partidos
mayoritarios, "creo que la oposición se olvida que el pueblo nos
eligió, y si la oposición es minoría en la CPMI es porque el
pueblo no los votó".
Tatto dijo que su partido quiere investigar "como esa red
criminal de Cachoeira" estableció acuerdos supuestamente
ilícitos "con el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, las
empresas privadas y los medios de comunicación".
El Operativo Monte Carlo, realizado por la policía grabó
decenas de horas de conversaciones de Cachoeira y sus
colaboradores, con altos dirigentes políticos.
La primera víctima de esas grabaciones, divulgados por la
televisión, fue el senador Demóstener Torres, que debido a su
evidente complicidad con Cacheoira, de quien era lobbysta, debió
renunciar al partido Demócratas, opositor,y corre riesgo de
perder su foro parlamentario.
Una investigación publicada hoy por el diario Estado de Sao
Paulo indica que Cachoeira posiblemente utilizó a la
constructora Delta para ganarse la simpatía de políticos a los
cuales la empresa les financió sus campañas electorales.
Las revistas del último fin de semana dan cuenta de la
penetración de Cachoeira en la estructura de poder de algunos
gobiernos estaduales, como los de Brasilia y Goias, además de
presunta presencia en Rio de Janeiro.
Un ex agente de los servicios de inteligencia durante el
gobierno militar, Idalberto Matias de Araújo, alias "Dadá", es
quien comanda una presunta red de informantes e intercepciones
telefónicas ilegales a órdenes de Cachoeira.
Según la revista Isto E el espia Dadá, procesado, también
cuenta con el apoyo de la policía de algunos estados.
Curiosamente la policía penitenciaria de Brasilia se declaró
en huelga hoy, el mismo día en que Cachoeira arribó a la capital
federal para quedar alojado en la cárcel de Papuda.
Legisladores plantearon hoy, al igual que lo hizo ayer la Procuraduría Federal, la conveniencia de que el poderoso Carlinhos Cachoeira regrese al presidio de máxima seguridad de la región noreste donde estuvo detenido hasta ayer.
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