Con una marcha en Tucumán recordarán a Marita Verón, cuya desaparición y presunto secuestro por una red de trata de personas hace diez años está siendo investigada en un juicio oral que comenzó el 8 de febrero y en el que se espera testifiquen 150 personas. Se espera la presencia de Soledad Silveyra.
En Tucumán, donde vivía Marita, la marcha partirá desde la puerta de los Tribunales, al cabo de una audiencia del juicio en la que debe seguir declarando Fátima M., quien atestiguó haber compartido el cautiverio con Marita.
Entre
los manifestantes, que marcharán hasta la céntrica plaza
Independencia, se espera la presencia de la actriz Soledad Silveyra,
además de otros artistas y miembros de organizaciones de derechos
humanos.
En tanto, en Buenos Aires, la convocatoria fue
organizada por la asociación civil "La Casa del Encuentro",
y partirá a las 18 desde el Congreso Nacional "para exigir
justicia por Marita Verón y por todas las víctimas de trata de
mujeres y niñas para la prostitución".
También
reclamarán "el desmantelamiento de las redes de trata y de las
redes de complicidades y acabar con la violencia hacia las
mujeres".
Ambas demostraciones pondrán en acento en el
apoyo a la incansable búsqueda de Susana Trimarco, madre de Marita,
que creó la Fundación María de los Ángeles (el nombre real de su
hija), desde donde ha rescatado a más de 100 niñas, adolescentes y
mujeres víctimas de la trata y por cuya tarea ha sido reconocida a
nivel nacional e internacional.
Gracias a este trabajo, que
generó un antes y un después en la conciencia social sobre este
delito, el Congreso sancionó en 2008 la ley para la prevención y
sanción de la trata de personas y la asistencia a sus víctimas, que
tipificó a ese delito como federal.
Fue un paso
significativo, porque puso la legislación argentina en concordancia,
entre otros, con el Protocolo de Palermo para prevenir, reprimir y
sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que a
su vez complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional.
En tanto, Trimarco vive
la paradoja de que en este juicio, los acusados no son juzgados por
trata de personas ya que la sanción de la ley que ella inspiró fue
posterior al secuestro y desaparición de su hija, el 3 de abril de
2002 cuando iba a realizarse unos estudios en la Maternidad de la
capital tucumana.
El juicio oral comenzó el 8 de febrero y en
el banquillo de los acusados hay siete hombres y seis mujeres de La
Rioja y Tucumán.
Los imputados son Humberto Juan Deroberti,
Daniel Natalia Milhein, María Jes£s Rivero, Víctor Angel Rivero,
Andrés Alejandro González, Domingo Pascual Andrada, José Fernando
Gómez, Lidia Irma Medina, María Azucena Márquez, Mariana Natalia
Bustos, José Gonzalo Gómez, Carlos Alberto Luna y Cintia Paola
Gaitán.
El proceso está a cargo de la Sala 2 de la Cámara
Penal integrada por los jueces Alberto Piedrabuena, Emilio Páez de
la Torre y Eduardo Romero Lazcano.
"Hasta ahora, el
juicio es normal, y creo que vamos demostrando quién es cada uno de
los acusados, cuando en principio nos querían hacer creer que eran
inmaculados", señaló Trimarco.
La mujer reiteró que
"lo único que quiero es que Marita aparezca de una vez por
todas" y destacó que "tengo esperanzas que aquí aparezca
una luz que nos permita encontrarla".
"Estoy segura
que ellos, los imputados, son responsables de sus desaparición",
expresó al comienzo del juicio durante una conferencia de
prensa.
Su relato y el de David Catalán, pareja de Marita al
momento de la desaparición y padre de Micaela, hija de Marita,
fueron hasta ahora los más importantes y conmovedores del
proceso.
Entre los testimonios que ya se escucharon en las
audiencias se destacaron también los de dos chicas rescatadas de
redes de trata -una de las cuales afirmó haber visto a Marita
cautiva-, en tanto se espera que otras 150 personas testifiquen en el
proceso.El juicio iniciará mañana una nueva semana y seguirá su
relato Fátima M., la joven que asegura haber visto a Marita, días
después de su desaparición, en la casa de Daniel Milheim.
Para la subsecretaria de promoción de Derechos Humanos, María Cristina Perceval, este "proceso judicial representa un punto de inflexión para pensar sobre los avances que el Estado argentino emprendió, como el cambio normativo, el rescate de casi 3000 personas esclavizadas y explotadas, la creación de oficinas especializadas, y las políticas públicas para la prevención, a lo que debe sumarse el fundamental aporte de las organizaciones de la sociedad civil".
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