Cientos de miles de personas se manifestaron este jueves en toda España con motivo de la huelga general contra la reforma laboral y las políticas de austeridad del Gobierno del PP. En Barcelona, se produjeron violentos incidentes.
Alentados por la masividad de las manifestaciones, los sindicatos amenazaron con escalar sus protestas si el gobierno no corrige el rumbo en un mes, pero el Ejecutivo de Rajoy minimizó el impacto de la huelga y las protestas y respondió que las medidas económicas, en particular una resistida reforma laboral, son "imparables".
Tanto en Barcelona como en Madrid, desde primeras horas de la mañana piquetes de huelguistas acudieron a las puertas de mercados centrales, grandes bancos y empresas, antes de que por la tarde cientos de miles de personas se echaran a la calle para mostrar su repulsa a las políticas de austeridad.
La policía utilizó pelotas de goma y botes de humo en Barcelona para hacer frente a grupos de jóvenes que incendiaron contenedores y dañaron mobiliario urbano y comercios, al margen de la masiva manifestación -800.000 personas según los sindicatos, 80.000 según la policía- que recorrió el centro de la ciudad catalana.
En Madrid, cientos de miles de personas -casi un millón, según los sindicatos- se manifestaron en un ambiente más festivo colapsando el centro de la capital española con pancartas en las que se leían lemas como "Sin pan, sin paz", "Techo y trabajo, sin ser esclavo" o "El gobierno nos ataca".
©AFP / Pedro Armestre
"Estamos viendo cómo están haciendo cada vez más recortes en educación, en sanidad, y nos preocupa. No queremos tener servicios públicos peores que los que han tenido nuestros padres", dijo a la AFP Ainoa Areitza, una estudiante de 17 años.
Concentraciones similares se repitieron en más de 100 ciudades de toda España, como Valencia o Sevilla. "Esta huelga ha sido un éxito democrático y social sin discusión", aseguró Cándido Méndez, secretario general de UGT, uno de los dos grandes sindicatos y convocante de la movilización junto con la otra central mayoritaria, CCOO.
Méndez avanzó una participación media en la huelga del 77%, mientras que su homólogo de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, precisaba: "la incidencia es superior en los sectores industriales y algo menor en el ámbito de los servicios". "Nuestro fin es que el Gobierno corrija en profundidad la reforma laboral", insistió Méndez.
Consciente de que España vuelve a ser tema de preocupación para sus socios europeos, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, buscó dar una imagen de firmeza y aseguró que la "agenda reformista es imparable". "Las partes frontales de la reforma (laboral) no se van a cambiar porque entendemos que son las necesarias para volver a un crecimiento económico que se transforme cuanto antes en creación de empleo", aseguró.
"El impacto de la huelga ha sido muy moderado", dijo por su parte la directora general de Política Interior, Cristina Díaz. Tras considerar que la jornada se desarrolló con "tranquilidad" precisó que hubo "58 agentes de la autoridad heridos, 46 civiles heridos y 176 detenidos" en choques en todo el país.
Los manifestantes protestan contra una reforma del mercado laboral, aprobada el pasado 11 de febrero por el Gobierno presidido por Mariano Rajoy con el fin de reactivar la creación de empleo, en un país con una tasa de paro récord del 22,85%, que castiga especialmente a los jóvenes de menos de 25 años (48,6%). Los organizadores de la huelga consideran que la reforma sólo abarata el despido y aumentará la destrucción de empleo.
La movilización, la sexta desde el restablecimiento de las libertades sindicales en 1977, tiene lugar un día antes de que el gobierno apruebe el viernes los presupuestos generales para 2012, que se anuncian rigurosamente austeros, y serán mirados con lupa por los ministros de Finanzas del Eurogrupo reunidos al mismo tiempo en Copenhague.
El gran objetivo del Gobierno es reducir el déficit público español al 5,3% del PIB pactado con la Unión Europea, tras un gran desvío que lo llevó hasta el 8,5% en 2011, para lo que, según distintos cálculos, se necesitará un ajuste de entre 41.500 millones y 55.000 millones de euros.
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