La Unidad Fiscal de Coordinación actualizó en su página web los datos relativos a los juicios de lesa humanidad al día 23 de marzo, incorporando la sentencia dictada el mismo viernes contra el comisario Moreno en Tucumán. En total se registran 273 personas condenadas (aunque sólo 43 tienen condena firme).
Por otra parte, existen 875 personas procesadas, 480 de las cuales ya tiene alguna causa elevada a juicio y otras 125 tienen ya alguna causa en la que la fiscalía pidió la elevación a juicio.
El análisis, acotado a los meses del 2012 transcurridos hasta la fecha de este informe, describe la cantidad de imputados procesados –algunos de ellos con requerimiento de elevación a juicio y/o que ya fueron elevados a juicio-, juzgados, condenados y detenidos, señala el documento difundido por la web por la Unidad Ficas de Coordinación, a cargo del Fiscal General, Jorge Auat y Pablo Parenti, Coordinador de la UFI.
En total se registran 273 personas condenadas (aunque sólo 43 tienen condena firme).
Por otra parte, existen 875 personas procesadas, 480 de las cuales ya tiene alguna causa elevada a juicio y otras 125 tienen ya alguna causa en la que la fiscalía pidió la elevación a juicio. De este modo, de los 875 procesados, 605 ya tienen alguna causa en etapa de juicio o cuentan con requerimiento fiscal de elevación a juicio.
Actualmente se encuentran en curso 15 juicios (orales y escritos), en los que se juzgan delitos cometidos contra 460 víctimas. Ya se ha fijado fecha de debate para otros 7 juicios orales.
Quejas por la actitud del Juez en Jujuy
El documento, agrega que sin perjuicio de que, efectivamente, se han registrado avances importantes en los últimos años, la Unidad Fiscal no puede dejar de advertir que el proceso de juzgamiento de los delitos cometidos por el terrorismo de Estado todavía enfrenta resistencias y dificultades en muchas jurisdicciones del país. Ejemplo de ello es la alarmante situación que se presenta en la provincia de Jujuy, en la que aún no hubo juicios y el juez de instrucción (Carlos Olivera Pastor) ha denegado o ignorado el 88 % de las indagatorias pedidas por la fiscalía.
En La Plata
Demoras preocupantes también se observan en jurisdicciones como La Plata, donde hay indagatorias pedidas desde el año 2007 y existen causas paralizadas que se refieren a centros clandestinos de gran envergadura (por ejemplo, Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes).
En Rosario
Por otra parte, vemos con gran preocupación las constantes demoras que se presentan por la falta de fijación de fecha de audiencias, la suspensión de audiencias o la fijación de un calendario de audiencias muy espaciado, lo que provoca una desmedida extensión de los juicios en el tiempo, con la consiguiente demora de los juicios que están pendientes. Un ejemplo de esta situación se da actualmente en Rosario, donde un juicio oral que podría haberse realizado en el curso de unos meses, comenzó en junio de 2010 y aún no ha finalizado, con el agravante de que existen varios juicios en lista de espera. Estas circunstancias, sumadas a otras como la negativa a acumular casos evidentemente conexos, la constante y tortuosa tramitación de planteos dilatorios, etc., muestran un escenario complejo para el avance de las causas que requiere que todas las instituciones involucradas en la administración de justicia extremen los recaudos para evitar o subsanar estos problemas.
Sin medidas de control y de gestión por parte de las agencias pertinentes se corre el riesgo de que el proceso de justicia se frustre respecto de un gran número de casos, con la consiguiente impunidad de muchas personas acusadas o imputadas.
fuente:
http://www.mpf.gov.ar/Accesos/DDHH/Docs/Estado_Causas_mar_2012.pdf
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