22/03/2012 - Derechos Humanos

El Estado argentino ante la CIDH por la situación de los pueblos originarios

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) convocó a una audiencia especial, el de marzo, para abordar la situación de los pueblos indígenas en la Argentina. “El objetivo es poner en conocimiento la grave situación en la que viven los miembros de los distintos pueblos indígenas”, explica la solicitud realizada por varias organizaciones que trabajan en favor de los derechos de los pueblos indígenas

La CIDH llamó a audiencia especial, en el marco del 144 período ordinario de sesiones, bajo el título “Situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Argentina”.  

Se abordará especialmente la situación del Pueblo Mapuche de Neuquén, el Pueblo Diaguita de Tucumán y el Pueblo Qom de Formosa. En Neuquén, más de 250 dirigentes mapuches están procesados por defender el territorio donde siempre vivieron. En Tucumán y Formosa enfrentan constantes intentos de desalojos y por defender su territorio fueron asesinados el diaguita Javier Chocobar (12 de octubre de 2009) y el qom Roberto López (23 de noviembre de 2010).

“En nuestro país, los pueblos indígenas padecen consecuencias de injusticias históricas: la colonización, el despojo de sus tierras y territorios de ocupación tradicional y la falta de control para ordenar sus prioridades de desarrollo (...) En la práctica no existen normas ni políticas de Estado que garanticen los derechos colectivos fundamentales para la supervivencia de los pueblos indígenas como tales”, comienza el documento firmado por Cels, Andhes y Odhpi, fundamentando la petición de audiencia. Integrantes de los tres pueblos concurrirán a la entrevista, en Washington (Estados Unidos).

Las organizaciones de derechos humanos de Argentina remarcan el incumplimiento de la legislación que protege los derechos de los pueblos indígenas y, afirman, que el “Estado argentino no solo incumple su obligación de hacer efectivos los derechos territoriales indígenas sino que, en múltiples casos, los reclamos que llevan adelante las comunidades han derivado en respuestas violentas del Estado que incluyen la criminalización de la protesta, represión y asesinatos por parte de particulares o miembros de las fuerzas de seguridad”.

En 2010, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas llamó la atención por las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas de Argentina. El Comité expresó su preocupación por los hechos de violencia del que son víctimas las comunidades. El mismo año, el Comité de Derechos Humanos recomendó al Estado “adoptar las medidas que sean necesarias para poner fin a los desalojos y asegurar la propiedad comunitarias de los pueblos indígenas”.

En 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares en favor de comunidades indígenas de Formosa y Neuquén. Instó a que se garantice la vida, la integridad física y las prácticas religiosas tradicionales, sin amenazas, agresiones u hostigamientos por parte de las policías o particulares. Una medida de similares características en favor de 10 comunidades de Tucumán se tramita ante la CIDH.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) señaló, en 2011, numerosas preocupaciones en torno a la falta de efectividad de los derechos de los pueblos indígenas, solicitando al Estado que emprenda las medidas necesarias para frenar estas violaciones y que se sancione a los responsables de tales actos ilegales. 

En diciembre pasado, el Relator Especial de las Naciones Unidas, James Anaya, visitó comunidades de la Patagonia y del Norte del país. Alertó respecto al avance de industrias extractivas, el incumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas y la violación de derechos humanos.