El Instituto de la Vivienda de la Provincia determinó el desalojo de propietarios de viviendas sociales de Pinamar, pero el escándalo se desató cuando se supo que entre los propietarios se encontraban familiares del intendente, Blas Altieri, y funcionarios municipales de alto rango.
De las 25 viviendas “sociales” construidas en la comuna, el titular del Instituto de la Vivienda, Gustavo Aguilera, decidió “descalificar como postulantes del Conjunto Habitacional a las personas individualizadas en el listado”.
Justamente, entre esos postulantes figuraban Elena María y María Constanza Altieri, hijas del mandamás de la ciudad balnearia. También fue beneficiado el hijo del secretario de Servicios Urbanos Juan Alberto Morales, referente del peronismo local.
La resolución firmada por Aguilera tiene fecha del 16 de marzo. El organismo provincial consideró que esas viviendas deben estar destinadas a habitantes de bajos recursos. Por otro lado, esa misma denuncia había sido motorizada en el año 2010 por el abogado Lucas Ventoso, del radicalismo.
La presentación judicial sacó a la luz las irregularidades: de las 25 viviendas del complejo social ubicado en el cruce de Palometas y Valle Fértil, veintidós fueron adjudicadas a personas que no calificaban para recibir asistencia. Entre ellas, Elena María y María Constanza Altieri. Ventoso ya había denunciado a Altieri por “asociación ilícita” y lavado de dinero”.
Fuente Agencia Nova
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