La eventual aprobación del aborto terapéutico en Chile generó una polémica entre quienes se oponen a su legalización y quienes consideran que su inexistencia es una violación flagrante a los derechos humanos.
El gobierno y políticos afines se enfrentan a organizaciones de derechos humanos y parlamentarios de oposición, mientras el Senado aplazó en tres ocasiones la discusión.
El presidente Sebastián Piñera, a través de una carta abierta, manifestó hoy que la discusión sobre el aborto es "legítima y necesaria", pero advirtió que no es partidario de que se legalice la práctica.
El mandatario expuso cuatro argumentos para justificar su postura, basados en el derecho a la vida garantizado por la Constitución; en que "en la duda siempre es mejor optar por la vida", y que no se trata de una decisión solamente de la madre sino que "está involucrada también la vida de un ser nuevo".
La cuarta razón es de orden religioso: "Como cristiano, creo en la vida como un don de Dios", aseveró el presidente.
"Soy partidario de proteger la vida y dignidad humana desde su concepción hasta la muerte natural. Y, por lo mismo, soy también contrario a la eutanasia y la pena de muerte", enfatizó Piñera.
Chile es uno de los cinco países a nivel latinoamericano que penaliza el aborto terapéutico. Ese derecho fue reconocido en Chile desde 1931 hasta 1989, año en que la dictadura de Augusto Pinochet resolvió derogarlo, a sólo meses de dejar el poder
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