Una clara señal de respaldo a la movilización de Aysén envió ayer la Conferencia Episcopal, que entregó una declaración pública para apoyar a sus habitantes y manifestar su preocupación por los hechos de violencia registrados en la zona.
Solicita a todos los involucrados en el conflicto "desplegar sus mayores esfuerzos para evitar la violencia".
"No podemos permanecer indiferentes ante el clamor de comunidades que se sienten postergadas, desoídas e incluso ignoradas", afirmó el vocero de la entidad, Jaime Coiro, en representación de monseñor Ricardo Ezzati.
Junto
con enfatizar que el presidente de la Conferencia Episcopal considera
"altamente valorable el esfuerzo por promover una conciencia compartida
de las demandas de las regiones extremas", el portavoz señaló que la
Iglesia "conoce bien" esas peticiones en razón de su labor pastoral en
la zona. Agregó que dichos planteamientos "no son ajenos a la Iglesia local, y tampoco a la Iglesia del país".
Aunque la Iglesia destacó el esfuerzo de las organizaciones sociales y de las autoridades del Gobierno para establecer una mesa de diálogo, reconoció las "complejas dificultades para lograrlo" y también su preocupación porque "la violencia en el accionar y en el discurso termine torpedeando los acuerdos, contra la voluntad mayoritaria de buscar soluciones reales en un clima de paz y respeto".
Por ello, la Conferencia Episcopal hizo un llamado a todos los involucrados en el conflicto a "desplegar sus mayores esfuerzos para evitar la violencia", apuntando que "cuando se anteponen al diálogo la presión ilegítima, las amenazas e intransigencias, la comunidad en su conjunto es la principal perdedora".
Piñera represor
El gobierno de Sebastián Piñera interpuso una querella por Ley de Seguridad Interior del Estado en contra de 22 personas, quienes habrían participado en las manifestaciones de Aysén exigiendo ser escuchados en sus peticiones regionales.
Dentro de la lista confeccionada por el Ministerio del
Interior no aparecen los dirigentes del movimiento "Aysén, tu
problema es mi problema" que desde el 18 de febrero se encuentra
movilizada por poner fin al aislamiento, subsidiar los
combustibles y la leña, mejorar la conectividad, la salud, etc.
En el más completo sigilo, relató radio Bío Bío, una abogada
de la Intendencia Regional llegó a interponer el requerimiento
en el Juzgado de Letras de Puerto Aysén.
El juzgado tiene 24 horas para resolver el aspecto formal del
requerimiento, tras lo cual, la causa podría ser derivada al
Ministerio Público para que un fiscal inicie la respectiva
investigación.
El gobierno rompió el diálogo a raíz de las últimas protestas que fue una reacción de la ciudadanía ante la seguidilla de requerimientos que ponía la autoridad para sentarse a conversar, incluso con cambio de escenario de una ciudad a otra.
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