El Gobierno de Sebastián Piñera apostó a reprimir con la fuerza policial la primera protesta estudiantil que ayer sacó a 10 mil jóvenes secundarios a las calles.
La Intendencia había permitido que se reunieran, pero que no marcharan hasta el Ministerio de Educación, por la principal vía de la capital, Alameda Bernardo O'Higgins.
Pero ante la multitud que se congregó, las fuerzas especiales
comenzaron a actuar previo al desplazamiento de los jóvenes.
Unos cincuenta jóvenes detenidos arrojó el primer reporte
oficial, al tiempo que la otrora dialogante Intendenta, Cecilia
Pérez, endurecía sus palabras y se preguntaba "hasta cuando un
grupo de dirigentes se iba a arrogar el derecho de dañar a un
millón de personas".
Subrayó que el acto de hoy "es una manifestación no
autorizada, presentada fuera de los plazos legales y que aún así
se les dio la posibilidad de congregarse en un sector que
habíamos determinado y que hasta ahora no tenemos respuesta, y
la respuesta estuvo en las calles".
Añadió que "nosotros acogemos el derecho a manifestación,
igual como lo hicimos el año pasado, pero con reglas claras.
Conforme a la ley, coordinaremos los trazados y las
manifestaciones. Fuera de la ley, actuaremos con firmeza para
restablecer el orden público. Acá no hay derechos de chilenos
por sobre otros", subrayó.
El ministro portavoz de La Moneda, Andrés Chadwick, fue más lejos y anunció que el gobierno se encuentra a la espera de los antecedentes sobre los desórdenes, tanto de Santiago como de la austral región de Aysén, para evaluar la Ley de Seguridad del Estado y acusar a los convocantes de las manifestaciones.
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