La Justicia uruguaya recibirá en marzo nuevas denuncias por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar(1973-1985) y por las muertes de oficiales en los años previos, mientras que el presidente José Mujica intenta que las Fuerzas Armadas participen del próximo acto de reparación a Macarena Gelman, hija de desaprecidos.
Los casos que se presentarán están relacionados con muertes, despariciones y torturas, crímenes de lesa humanidad que fueron declarados imprescriptibles por una ley aprobada el año pasado por el Parlamento y que anuló en los hechos la Ley de Caducidad (amnistia).
Voceros de la Mesa Permanente Contra la Impunidad y abogados
defensores de los derechos humanos, dijeron a ANSA que "aún
pueden ser decenas de casos" los que se presenten para ser
investigados al amparo de la nueva ley.
La justicia también recibirá denuncias por la muerte de
oficiales en los años de lucha contra la guerrilla, previos a la
dictadura, luego de que en días pasados se presentó el caso del
asesinato en 1972 del coronel Artigas Alvarez, hermano del ex
dictador Gregorio Alvarez.
La denuncia, realizada por el hijo de Alvarez, recae sobre
los ex guerrilleros tupamaros Angel Yoldi Aciet, Alba Mabel
Antúnez, Alberto Ulises Costa Barreiro, José Luis Rodríguez,
Enrique Espinosa Bentancour, Fernando Mayands Eguigren, Juan
Víctor Vivanco y Loreley Alemany Vias.
Entre los acusados hay personas fallecidas, radicadas en el
exterior y que otros que estuvieron en prisión por esos hechos.
Otro de los casos que irá a la Justicia es el de Rafael
Guidet Piotti, un coleccionista de armas asesinado en septiembre
de 1969 al resistir un robo en su vivienda.
Los denunciantes buscan que se aplique la ley sancionada el
año pasado y que se consideren también estos hechos como
crímenes políticos.
El abogado defensor de los Derechos Humanos, Oscar López
Goldaracena, señaló a ANSA que "la ley no aplica porque no se
consideran crímenes de lesa humanidad, donde tiene que haber
participación del Estado".
Mientras tanto, hoy declararán dos médicos militares
acusados de participar en el asesinato en febrero de 1974 bajo
torturas de Aldo Perrini, un heladero de la ciudad de Carmelo.
Por ese crimen declaró el general Pedro Barneix.
En estos días también se espera un pronunciamiento de la
Justicia sobre el asesinato en 1977 del maestro Julio Castro,
cuyo cuerpo apareció en octubre pasado enterrado en un cuartel,
tras considerarse desaparecido desde su muerte.
La presentación de nuevos casos y la resolución de otros
coincidirá con un acto el 21 de marzo en el que el Estado
uruguayo reparará a Macarena Gelman por la muerte de su madre,
María Claudia García, en 1976, y en el que se pedirá perdón por
los crímenes de la dictadura.
El presidente Mujica, que hablará en el acto a desarrollarse
en el Parlamento, señaló ayer al diario La República que pretende
que las Fuerzas Armadas estén presentes en dicha ceremonia,
donde se pagará a Macarena, nieta del poeta argentino Juan
Gelman, una indemnización de alrededor de 500 mil dólares.
Entre 1986 y octubre de 2011 estuvo vigente la Ley de Caducidad, que salvo excepciones impedía juzgar los crímenes de la dictadura.
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