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Romano y Demarchi, dos extradiciones pendientes

Las extradiciones del ex fiscal de Mar del Plata Gustavo Demarchi desde Colombia; y del ex juez de Mendoza Otilio Romano desde Chile, son dos procesos que están pendientes.

En el caso de Demarchi, acusado de haber cometido delitos de lesa humanidad cuando comandaba un grupo de Concentración Nacional Universitaria (CNU), una facción de ultraderecha que llegó a ser un apéndice de la Triple A, la Corte Suprema colombiana le negó, a fines de 2011, asilo político.

De esta forma se allanó el camino de la extradición del ex fiscal, quien es esperado en Mar del Plata, para ser juzgado en una causa en la que está imputado junto a otros siete ex miembros de la CNU, detenidos con prisión preventiva.

Los magistrados colombianos rechazaron la solicitud de refugio de Demarchi “por improcedente”, ya que el represor había alegado que está siendo perseguido políticamente en la Argentina.

Los jueces colombianos consideraron que “la discusión promovida ante el juez federal de la causa no es entre delitos políticos y delitos comunes, como lo afirma el defensor en este trámite de extradición, sino entre ‘delitos comunes prescriptibles y delitos de lesa humanidad imprescriptibles’“.

Demarchi fue detenido por Interpol hace un año en Bogotá, luego de permanecer prófugo desde noviembre de 2010.

La captura internacional fue solicitada por el juez federal Rodolfo Pradas en el marco de la investigación de los crímenes cometidos entre 1975 y 1976 por la CNU de Mar del Plata.

Demarchi ingresó a Colombia como turista, se presentó como un “perseguido político” y pidió ser asilado por el gobierno de Juan Manuel Santos, quien finalmente se lo negó y así aceleró el proceso de extradición.

Por otra parte, en el caso de Romano, la justicia chilena ordenó hoy la detención preventiva del destituido juez mendocino, imputado de graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar.

De esta forma, se avanza en el pedido de extradición de Romano solicitado por la justicia argentina por considerarlo partícipe de 103 delitos de lesa humanidad, por no haber denunciado o investigado violaciones a los derechos humanos de las que tomó conocimiento como funcionario judicial durante la última dictadura militar.

Romano fue destituido el 15 de diciembre de 2011 por el Consejo de la Magistratura, que lo consideró "cómplice" de la dictadura militar.

Un día antes de ser suspendido por el Consejo de la Magistratura, Romano escapó a Chile, donde solicitó refugio político y consiguió un visado de permanencia por 8 meses.

En septiembre fue declarado prófugo por la justicia argentina al no presentarse a la citación judicial que terminó en su destitución y, finalmente, el juez federal mendocino Walter Bento pidió su captura internacional.