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AMPLIAREl juez Garzón ingresando a la audiencia ayer

Garzón dice que cumplió con su "obligación" y tiene la "conciencia tranquila"

El juez Baltasar Garzón, juzgado por investigar los casos de más 110.000 desaparecidos durante el franquismo, aseguró haber cumplido con su "obligación" y tener la "conciencia tranquila", este miércoles al final de un proceso de dos semanas que quedó visto para sentencia.

Demandado por dos grupos de ultraderecha, que lo acusan de vulnerar una ley de amnistía de 1977, Garzón, de 56 años, puede ser condenado a 20 años de inhabilitación profesional, lo que supondría el final de su carrera.

A petición de familiares de víctimas de la represión franquista, el juez recopiló entre 2006 y 2008 documentación sobre más de 114.000 desapariciones ocurridas durante la Guerra Civil (1936-39) y la dictadura (1939-75) antes de abandonar el caso por oposición de la fiscalía.

"Sólo puedo decir que mi conciencia está tranquila porque tomé las decisiones que creía ajustadas al derecho (...) para investigar los crímenes masivos de desapariciones de personas", afirmó el magistrado, mundialmente conocido por la detención de Augusto Pinochet en 1998 en Londres.

"La obligación del juez es dar protección a las víctimas (...), que son en este tipo de crímenes el elemento principal", agregó, al término de un juicio que quedó en espera de una sentencia de la que se desconoce la fecha.

La defensa de Garzón y la fiscalía del Tribunal Supremo volvieron a pedir una absolución. "Tendría a mi juicio un efecto devastador una sentencia condenatoria", afirmó el fiscal Luis Navajas, considerando que equivaldría a "atentar contra el principio de la propia independencia del poder judicial" haciendo temer a otros jueces acciones similares por no seguir la corriente general.

Y consideró que se está juzgando a Garzón más por su personalidad controvertida y mediática que por sus acciones.

"Sería a mi juicio patético y ridículo que mientras en Argentina tienen a una juez dedicada a investigar los crímenes del franquismo, aquí nos dediquemos a perseguir al juez que se hizo cargo de dichas denuncias", agregó recordando las diligencias iniciadas por la juez de Buenos Aires María Servini de Cubría.

©AFP / Dominique Faget

Una mujer deposita un clavel rojo sobre una pancarta con imágenes de desaparecidos durante la Guerra Civil

Durante dos semanas de juicio, una docena de familiares de represaliados por el franquismo llevaron ante el tribunal los escalofriantes testimonios de cómo sus padres y abuelos fueron detenidos, fusilados y tirados a fosas comunes.

Para Gonzalo Martínez-Fresneda, abogado de Garzón, "los cónyuges vivos, los hijos, siguen sufriendo una tortura consistente en no saber qué pasó y dónde están los restos".

Escuchar estos testimonios "es aterrador", consideró Caroline Edelstam, de la fundación noruega de defensa de los derechos humanos Edelstam, una de los observadores internacionales que siguieron el juicio. Los familiares de las víctimas "han vivido todas sus vidas con el miedo de lo que les ocurrió a sus seres queridos", agrega.

Como todos los días desde que comenzó el proceso, más de un centenar de personas se concentraron ante las puertas del Tribunal Supremo para manifestar su apoyo al juez. Con claveles rojos y una enorme pancarta con fotografías en blanco y negro de cientos de desaparecidos, gritaban "¡Hay que juzgar al franquismo criminal!".

"Queremos que de una vez por todas se haga justicia a estos miles de ciudadanos que defendieron la República y fueron torturados y fusilados y siguen tirados en las cunetas de toda España", afirma Francisco Román, de 77 años.

"No es muy lógico que en un sistema democrático, que hemos conseguido tras mucho luchar, se esté condenando a la persona que intenta sacar a la luz los crímenes del franquismo", estimó por su parte Beatriz Gómez, de 42 años.

Desde Ginebra, un grupo de expertos de la ONU sobre la independencia de los jueces también expresó su preocupación. "Es lamentable que el juez Garzón pudiese ser castigado por haber abierto una investigación en línea con las obligaciones de España de investigar violaciones de derechos humanos de conformidad con los principios del derecho internacional", dijeron la magistrada brasileña Gabriela Knaul y los cinco expertos de su grupo.

Sin embargo, el abogado de los grupos ultraderechistas que demandaron a Garzón, Joaquim Ruiz, aseguró que el magistrado actuó "de mala fe", acusándolo de estar "enjuiciando un movimiento, enjuiciando una época", la del franquismo.