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AMPLIARPolicías en huelga protestan en Salvador

Continua sin solución protesta policial en Bahia

El gobierno brasileño acusa a los policías huelguistas en Bahía de violencia y de sembrar el pánico entre la población para obtener sus reivindicaciones, y teme que la protesta se extienda por el país en vísperas del Carnaval, que atrae a millones de turistas.

"Asistimos a un aumento de situaciones de vandalismo en estas huelgas", dijo el ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, al diario Estado de Sao Paulo.

"Vemos un aumento de situaciones que buscan sembrar el pánico entre la población, actitudes inaceptables de parte de policías", subrayó.

En ocho días de huelga policial en Bahía, se han registrado 120 asesinatos, la mayoría en la región metropolitana de Salvador, además de robos, saqueos, tiroteos e incendios de vehículos y comercios, según datos de la Secretaría de Seguridad Pública de Bahía. El promedio es de 15 asesinatos por día, más del doble del promedio de 2011 (6,2).

Ocho personas que vivían en las calles fueron asesinadas en el mismo día, el viernes pasado, entre ellos una mujer que amamantaba a su bebé de siete meses en una plaza del centro de Salvador.

El gobernador Jaques Wagner sugirió que los Policías Militares (PM) huelguistas pueden estar ligados a esta masacre, que es investigada por la policía civil, y les acusó de intentar intimidar a la población.

"Fueron asesinadas personas que viven en la calle. No tengo cómo acusar a éste o aquél, pero esto forma parte de una táctica", dijo Wagner a la televisión Globo.

Los PM "tienen incluso un documento en el cual queda claro que la idea es amedrentar a todos, inclusive al gobernador", denunció.

Wagner sostuvo que algunos policías en huelga recorren las calles encapuchados, disparando tiros al aire mientras circulan en moto y deteniendo autobuses para amenazar a los pasajeros.

El gobierno federal teme que la huelga policial se generalice en vísperas del Carnaval y se extienda al estado de Rio de Janeiro, donde los PM lanzaron un llamado a huelga para este viernes, así como a Pará, Paraná, Alagoas, Espirito Santo y Rio Grande do Sul, entre otros.

Según la prensa, los servicios de inteligencia han calificado estos estados de "explosivos".

En Rio, un proyecto de ley sobre un alza de salarios policiales debe ser votado el jueves por la Asamblea Legislativa local.

En los últimos meses, los PM de ocho estados y los bomberos (armados en Brasil) de Rio han hecho huelga.

Las negociaciones entre el gobierno de Bahía y los policías huelguistas -unos 200 de los cuales ocupan desde hace ocho días el parlamento local- fracasaron el martes.

Los policías en huelga exigen un aumento de salario y amnistía para sus 12 líderes, para los cuales la justicia emitió órdenes de arresto. El gobierno de Bahía acepta el alza salarial pero de forma progresiva, en tres años, y rechaza el indulto de los líderes y otros policías que hayan violado la ley.

Dos de los 12 líderes ya han sido detenidos.

Al conocer el fracaso del diálogo, los manifestantes que apoyan a los huelguistas y se encuentran acampados frente al parlamento de Bahía comenzaron a cantar: "¡Oh, oh, oh, se terminó el Carnaval!".

Wagner aseguró no obstante que el Carnaval de Salvador -que reúne a unas tres millones de personas, entre ellos miles de turistas- se realizará como está previsto la semana próxima, y que su seguridad será garantizada por 20.000 policías del interior del estado.

Según las autoridades, menos de un tercio de los 31.000 policías de Bahía están en huelga. Para restablecer el orden, 3.500 soldados y policías de élite fueron desplegados en la ciudad, unos mil de ellos en torno al legislativo.

El líder de los huelguistas, el socialdemócrata Marco Prisco (oposición), uno de los policías amotinados en la Asamblea Legislativa, es un rival político del gobernador Wagner, que pertenece al Partido de los Trabajadores (PT, izquierda, en el poder).

Frente a la amenaza de una epidemia de huelgas en el país, el gobierno de Dilma Rousseff ha desempolvado un proyecto de ley de 2007 que restringe el derecho de huelga de los funcionarios que cumplen servicios esenciales y exige un mínimo de 40% en sus puestos de trabajo.