Desapariciones forzosas, fusilamientos: por primera vez en la historia de España, "los crímenes" del franquismo fueron relatados este miércoles en un tribunal, en boca de familiares de las víctimas llamados a testificar en el proceso contra el juez Baltasar Garzón.
"La noche del 21 de septiembre de 1936, a mi madre se la llevaron a declarar pero la mataron por el camino, mataron a 27 hombres y tres mujeres", declaró emocionada ante el Tribunal Supremo María Martín López, de 81 años.
María tenía seis años la última vez que vio a su madre, Faustina López González, y desde entonces, su familia lucha por que se les permitan recuperar sus restos, enterrados en una fosa común, que han localizado en la pequeña localidad de Pedro Bernardo, en Ávila. "Sabemos dónde está. Hay que medir unos 11 o 12 metros desde el puente y allí está tirada", afirmó, explicando que el lugar fue descubierto por su tío y su hermana, que entonces tenía 12 años.
"Siempre mi padre, hasta que murió, en 1977, escribió" a las autoridades locales para intentar recuperar el cuerpo, explicó. "Le dijeron: 'márchate, déjanos en paz, no nos reclames, no vayamos a hacer contigo lo que hicimos con ella", explicó esta anciana vestida de negro, primer testigo de la defensa de Garzón.
Como María, esposos, hijos y nietos de unos 114.000 desaparecidos durante la Guerra Civil (1936-39) y la dictadura franquista (1939-75) acudieron a partir de 2006 con sus denuncias al célebre juez, en un intento de conocer la verdad y poder recuperar los restos de sus seres queridos.
"Acudimos por justicia: se los llevaron de casa, los apalearon, los tuvieron presos", aseguró ante los magistrados Pino Sosa Sosa, de 75 años, hija de un desaparecido en el pueblo canario de Aruca.
El juez Garzón, de 56 años, es juzgado ahora a petición de dos grupos ultraderechistas que lo acusan de vulnerar una ley de amnistía de 1977 al intentar investigar estos casos, a lo que acabó renunciando en 2008 por la oposición de la fiscalía.
De ser declarado culpable, el magistrado, mundialmente conocido por la detención de Augusto Pinochet en 1998 en Londres, puede ser condenado a 20 años de inhabilitación profesional, lo que supondría el fin de su carrera. La defensa y la fiscalía piden su absolución.
Ironía del destino, por primera vez en 75 años el juicio a Garzón dio la oportunidad de que se relatasen ante un tribunal todos estos dramas personales. "Cuando se llevaron a mi padre, yo era muy pequeñita, se llevaron el pan y la sal de nuestras casas, porque mi madre estaba enferma y lo buscaba", relató Pino Sosa Sosa. Su madre "no quiso firmar el acta de defunción porque decía que se lo llevaron vivo y vivo lo reclamaba", recuerda Sosa Sosa con emoción.
Para los familiares de las víctimas, "ver cómo criminalizan al juez que les ha intentado ayudar es terrible", afirma Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Sin embargo, "tiene una parte positiva": que "vaya gente de pueblecitos a contar directamente en el Tribunal Supremo lo que les ha pasado, lo que les hicieron, va a ser una cosa impresionante", agrega este nieto de un represaliado e impulsor de la apertura de fosas comunes en España.
Las investigaciones de lo ocurrido en los años de la Guerra Civil podrían llevar a "pensar que lo que se produce son actos de genocidio", explicó al tribunal el historiador Ángel Rodríguez Gallardo, lamentando la dificultad para acceder a los archivos militares y policiales. "Las instituciones del Estado todavía no se han convencido de que deben entregar a los historiadores los archivos secretos", lamentó.
Buscando una transición pacífica a la democracia, la Amnistía de 1977 selló un pacto de silencio sobre los actos de la dictadura pero, según el sociólogo Fermín Bouza, estas heridas aún abiertas continúan dividiendo al país. "Todo vuelve, y no es bueno que regresen esa clase de confrontaciones, esa clase de odios y esa clase de problemas y la mejor manera de impedirlo es terminar de una vez esa tarea historia de cerrar las heridas de verdad", considera.
La defensa de Garzón llamó a declarar a más de 20 testigos que hasta el 8 de febrero relataran sus historias en un caso que despierta una fuerte expectación dentro y fuera de España.
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