30/01/2012 - Crisis europea

Europa aprueba su pacto fiscal en cumbre marcada por tensión con Grecia

Los países de la Unión Europea (UE) salvo República Checa y Gran Bretaña, acordaron este lunes en Bruselas el pacto de disciplina fiscal para Europa, durante una cumbre marcada por divisiones por el plan alemán de someter a Grecia a la tutela de Bruselas.

"Veinticinco de los 27 países de la Unión Europea (UE) aprobaron el pacto fiscal", anunció el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy. Sólo Gran Bretaña y República Checa quedaron fuera del pacto que responde a una exigencia de disciplina fiscal de la canciller alemana, Angela Merkel, a cambio de una mayor solidaridad financiera.

La cumbre estuvo consagrada a debatir fórmulas para impulsar el crecimiento y el empleo, sobre todo entre los jóvenes, uno de los principales dramas de la crisis en el continente, y contrarrestar los efectos de las medidas de austeridad en millones de familias europeas.

Pero una vez más, fue Grecia, epicentro de la crisis de la deuda, el tema que acaparó los debates entre los dirigentes europeos. Sobre todo después de la propuesta de Alemania de dotar a la Unión Europea (UE) de un mayor poder de decisión sobre la gestión del presupuesto griego.

"No me parece razonable poner a un país bajo tutela", dijo el presidente francés, Nicolas Sarkozy, en una rueda de prensa tras la cumbre.

"Las negociaciones en Grecia avanzan en la buena dirección y tenemos grandes esperanzas de que habrá un acuerdo en los próximos días", añadió.

El plan alemán de someter las finanzas griegas a tutela comunitaria es absolutamente "inaceptable", dijo este lunes Jean-Claude Juncker, el presidente del Eurogrupo, que reúne a los ministros de Finanzas de la zona euro.

En un interminable tira y afloja, el primer ministro griego Lucas Papademos recalcó la "convergencia" con sus aliados políticos griegos sobre el plan de austeridad necesario para que la UE y el Fondo Monetario Internacional (FMI) acepten rescatar a la sobreendeudada Grecia.

El gobierno griego negocia en forma paralela con los acreedores privados (grandes bancos y fondos de inversiones tenedores de unos 206.000 millones de euros de deuda) una quita de al menos 100.000 millones de euros. De esa manera la deuda pública que supera los 350.000 millones de euros (160% del PIB) se reduciría a un nivel algo más sostenible (120% de su PIB) en 2020.

La UE y el FMI han advertido que la reducción de la deuda pública griega es la condición indispensable para desbloquear un segundo paquete de ayuda por 130.000 millones de euros.

Y Grecia necesita de esos fondos para cumplir en marzo con un vencimiento de deuda de 14.500 millones de euros. De lo contrario se convertirá en el primer país de la Eurozona en declarar la quiebra.

Y en ese caso, crecerán los riesgos de contagio a otras economías como Portugal, Italia o España, otros de los países que acaparan la atención de sus socios europeos.

Antes de la reunión de los Veintisiete, el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, recibió al mandatario español Mariano Rajoy, quien presentó su ambicioso plan de reformas ante sus socios europeos.

Sin embargo, Barroso pidió a España medidas concretas con el "calendario correspondiente".

Con una economía que se acerca a la recesión y un desempleo de casi el 23% de la población activa --el más elevado de la UE-- muchos dirigentes y economistas creen que lograr el déficit de 4,4% en 2012, tal como se comprometó Madrid, será una misión imposible para España.

Rajoy reconoció que su país está en una "situación muy difícil", que requiere "decisiones difíciles" pero "absolutamente necesarias".

El gobierno español aprobó el viernes un proyecto de ley de estabilidad presupuestaria que, salvo excepciones, impone un déficit estructural cero a partir de 2020 a todas las administraciones, incluidas las comunidades autónomas, yendo más allá que las exigencias de Bruselas.

El pacto fiscal europeo aprobado este lunes incluye una "regla de oro" -que limita el déficit estructural anual al 0,5 % del PIB. El Tribunal de Justicia de la UE será el que verifique la correcta aplicación de estas reglas de oro, y podrá imponer multa de hasta el 0,1% del PIB al país infractor.