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Travestis y transexuales camino al nombre propio

Los derechos de travestis y transexuales en Argentina, que estaban entre las minorías sexuales más marginadas, se consolidan cada vez más gracias a la aprobación, hace un año y medio, del matrimonio entre personas del mismo sexo.

"El matrimonio igualitario ayudó mucho a visibilizarnos y empezaron a abrirse puertas", contó a IPS la travesti Valeria Ramírez, encargada de ese colectivo en la Fundación Buenos Aires Sida

"El matrimonio igualitario ayudó mucho a visibilizarnos y empezaron a abrirse puertas", contó a IPS la travesti Valeria Ramírez, encargada de ese colectivo en la Fundación Buenos Aires Sida.

Los travestis son tradicionales víctimas de intolerancia, agresividad, humillación y marginación, según el libro "La gesta del nombre propio", publicado en 2005. Allí se revelaba que la primera causa de muerte de este grupo es el sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida) y, la segunda, el asesinato.

La ley que permitió el matrimonio de personas del mismo sexo se aprobó en julio de 2010 tras una intensa campaña de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans por ampliar sus derechos.

La norma es la primera que rige en todo un país en América Latina y desde entonces se casaron alrededor de 2.700 parejas, la mayoría ya unidas de hecho y ahora con los mismos derechos y obligaciones que un matrimonio heterosexual.

No obstante, los travestis y transexuales reclaman también una ley de identidad de género que les permita adecuar sus documentos incorporando el nombre y el sexo de la identidad de género autopercibida y no la que tenían al nacer.

La discrepancia vigente entre documento e identidad limita enormemente a estos grupos pues les impide acceder a educación formal, empleo, vivienda o atención de su salud, a excepción de que oculten su identidad.

Actualmente, la única manera de llegar a la adecuación es a través de un largo trámite judicial y burocrático que exige pericias médicas y psiquiátricas, y que no siempre obtiene la respuesta esperada.

La Cámara de Diputados aprobó este mes ese proyecto, que ahora espera ser tratado por el Senado. "Para nosotras tener el nombre en el documento es un gran paso, porque de lo contrario sufrimos humillaciones", remarcó Ramírez.

La dirigente travesti reveló que una vez esperaba turno con el odontólogo en la sala de espera y la llamaron por su nombre de varón, Oscar Ramírez. Ella acudió y el médico le dijo que ella no era, que él estaba llamando a Oscar.

"Cuando tenemos que viajar, parecemos delincuentes. Miran el documento o el pasaporte y nos hacen esperar. Finalmente nos embarcan, pero todo el mundo nos mira como si fuéramos terroristas", contó.

De todos modos, mientras esperan la sanción de la norma, estas minorías ya están viviendo en un clima de mayor aceptación y menos marginalidad fomentado desde el Estado, y que se expresa en diversos ámbitos.

En el ambiente artístico, la actriz travesti de teatro y televisión conocida como Florencia de la V se casó con el hombre con el que ya vivía en pareja y tuvieron mellizos mediante un trámite de maternidad subrogada realizado en Estados Unidos.

También en 2010 y gracias a un histórico fallo judicial, obtuvo su nuevo documento en el que consta que su sexo es femenino y que deja de llamarse legalmente Roberto Carlos Trinidad para pasar a ser Florencia Trinidad.

A su vez, un colectivo de artistas realizó este mes la tercera edición del Encuentro de Arte Trans -Festival DesTravArte, con trabajos de artistas transexuales, travestis y transgéneros en cine, teatro, danza, poesía y literatura.

El objetivo de esta edición fue apoyar la ley de identidad de género. Los organizadores advirtieron que, si bien hay una mayor inclusión desde que se aprobó el matrimonio igualitario, aún quedan muchas travestis marginadas. En televisión, el canal Encuentro, del Ministerio de Educación, emite el programa llamado "Salida de Emergencia", en el que representantes de minorías sexuales de todo el país cuentan su experiencia, a veces traumática, de integración social.

En esta línea, la estatal Universidad de Buenos Aires (UBA) aprobó este mes una norma según la cual se obliga a superar la divergencia entre el sexo documentado y la identidad autopercibida de alumnos, profesores y no docentes trans.

Esta medida ya había sido adoptada por la también estatal Universidad Nacional de Córdoba.

El movimiento de cooperativas respaldadas por el Ministerio de Desarrollo Social, a su vez, fomentó la organización de grupos de travestis para que se capaciten y trabajen en el rubro textil, de alimentación y de diseño.

El Ministerio de Seguridad, conducido por Nilda Garré, emitió este mes una resolución que permite a travestis y transexuales que integran la Policía Federal y otras fuerzas de seguridad vestirse de acuerdo a su identidad de género.

La resolución fue aprobada a instancias de una travesti, Angie Beatriz Álvarez, integrante de la Policía Federal desde hace más de una década y que exigía el derecho a portar el uniforme femenino.

La resolución de la cartera de Seguridad alcanza a detenidos en cárceles, que podrán ser alojados en celdas de acuerdo con su identidad de género.

También este mes se dio visibilidad a este colectivo al inaugurarse el Archivo de la Memoria de la Diversidad Sexual, con testimonios de más de 35 víctimas de la última dictadura (1976-1983), reprimidas brutalmente solo por el hecho de ser lesbianas, gays o travestis.

La apertura se realizó en el edificio de la otrora Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), que en los años de la dictadura funcionó como centro clandestino de detención y que fue convertido en el Instituto Espacio para la Memoria.

Ramírez fue una de las que aportó su testimonio. Contó que en 1976 y 1977 fue secuestrada en la calle cuando ejercía la prostitución vestida de mujer, y fue trasladada al Pozo de Banfield, otra prisión ilegal, donde fue torturada y violada.

"Declaré en la secretaría de Derechos Humanos y el año que viene voy a ser querellante, porque reviví todo y cada vez que estoy a oscuras veo esas caras y no lo puedo olvidar", contó a IPS.

La activista dijo que el Estado le dará una reparación económica como hace con todas las víctimas de la dictadura y sus familiares, pero adelantó que para cobrar quiere hacerlo con su documento renovado con el nombre de mujer.