El juez Baltasar Garzón reivindicó su inocencia al asegurar que asume “todas y cada una de las decisiones” que tomó durante la investigación de un caso de corrupción vinculado al gobernante Partido Popular (PP) por el que es juzgado por prevaricato en el Tribunal Supremo.
“Asumo todas y cada una de esas decisiones, fueron tomadas
reflexivamente y en cumplimiento de la más estricta legalidad,
interpretando las normas no solo nacionales sino también de los
convenios internacionales”, afirmó Garzón en su alegato final de este
proceso, que generó gran expectativa mediática.
El juez español más famoso, conocido mundialmente por haber perseguido
al fallecido dictador chileno Augusto Pinochet, a ETA y a empresarios y
políticos corruptos, se sentó por primera vez en el banquillo de los
acusados para defenderse de un delito de prevaricato, es decir, de
dictar a sabiendas una resolución injusta.
La Fiscalía reclamó su libre absolución mientras la acusación pidió para
él una pena de hasta 17 años de inhabilitación por prevaricato y por
violar las garantías constitucionales al ordenar intervenir las
conversaciones entre los principales imputados en la trama de corrupción
y lavado de dinero "Gürtel", ligada al PP de Madrid y Valencia, y sus
abogados.
Este es el primero de tres juicios abiertos simultáneamente contra
Garzón en el Tribunal Supremo por el mismo delito, algo que su abogado
defensor, Francisco Baena, destacó en sus conclusiones como un “hecho
singular”.
Pero además del primero es el definitivo, ya que un solo día de condena supondría el fin de su carrera judicial.
“El prevaricato es el peor delito del que se le puede acusar a un juez”,
sostuvo el letrado defensor, quien remarcó también que es la primera
vez que se ve en la obligación de recusar “pedir la separación del
tribunal- a magistrados por manifiesta imparcialidad”.
Las causas contra el juez se iniciaron después de que éste se declaró
competente para investigar los crímenes del franquismo, lo que fue
interpretado como una persecución por parte de la derecha más rancia del
país.
Desde que se conoció la fecha del juicio y la composición del tribunal
que lo juzgaría por las escuchas del caso Gürtel, Garzón emprendió una
batalla para apartar a los magistrados que consideraba imparciales.
Logró que se apartaran cinco de siete, pero los dos restantes, Luciano
Varela y Manuel Marchena, quienes instruyeron los otros dos casos en su
contra el de los crímenes del franquismo y el de los cursos de Nueva
York-, son parte del tribunal que dictará sentencia.
Tanto durante su interrogatorio al inicio del juicio como al ejercer el
derecho a la última palabra, Garzón evitó hacer referencia a la
motivación política que ve detrás de su procesamiento para que no sea
interpretado como un acto hostil al tribunal y se centró en su actuación
procesal.
Así, defendió la legalidad de las escuchas telefónicas que ordenó para
evitar que la red de corrupción Gürtel continuara lavando dinero.
Garzón sostuvo que su obligación como juez instructor era “perseguir los
hechos delictivos de su jurisdicción” y, en este caso, “el blanqueo de
capitales” exigía autorizar las escuchas.
“En ningún momento se violentó el derecho de defensa sino que se
protegió”, remarcó el juez, quien manifestó su desacuerdo con el
planteamiento de la acusación, que basa su demanda en que él ordenó las
escuchas para conocer la estrategia de la defensa en el caso Gürtel.
“Me siento completamente vigilado. Creo que estoy en un Estado policial y
me niego a vivir en un país en esta situación", dijo por su parte el
abogado de la acusación y ex fiscal de la Audiencia Nacional, Ignacio
Peláez, al solicitar condena para el juez.
Peláez, quien defiende a uno de los principales implicados en el caso
Gürtel, el empresario José Luis Ulibarri, y es el autor de la denuncia
contra Garzón, quiso aclarar que “no es el PP” el que está detrás de la
acusación sino él como abogado que ha visto vulnerado sus derechos por
unas actuaciones ilegales.
El letrado, que también fue abogado de Julio Alberto Poch, el piloto
extraditado de España a Argentina por su presunta implicación en los vuelos de la muerte, fue recibido el primer día en el tribunal al
grito de fascista por parte de las personas que se solidarizaron con
Garzón.
Las otras partes que acusaron a Garzón son Francisco Correa, cerebro
de la trama corrupta, y Pablo Crespo, otro imputados de el caso que
destapó Garzón y que se convirtió en uno de los mayores escándalos de
corrupción de la historia reciente de España.
En su alegato, Garzón subrayó que aquí no hubo razón de Estado, y que la única razón que entiende y defiende es la razón democrática de los
ciudadanos. De esta forma y citando al político alemán Willy Brand, el
magistrado concluyo: Admitir la primera injusticia es abrir la puerta a
todas las que siguen.
La prueba practicada y las declaraciones ante el tribunal de la mayoría
de los testigos, entre ellos un jefe de policía, desmontaron los
argumentos de la acusación, puesto que avalaron la legalidad de la
actuación del magistrado.
El primer juicio quedó hoy listo para sentencia, pero el calvario del
magistrado continuará la próxima semana cuando regrese al Supremo por la
causa del franquismo.
La plataforma "Solidarios con Garzón" tiene previsto concentrarse ese
día otra a las puertas del tribunal, como lo hizo esta semana, para
denunciar la persecución al magistrado que consideran orquestada por la
derecha franquista aún enquistada en las altas instituciones del Estado.
Todos los derechos reservados Copyright 2007
Terminos y usos del sitio
Directorio Web de Argentina
Secciones
Portada del diario | Ediciones Anteriores | Deportes | Economia | Opinion|Policiales
Contactos
Publicidad en el diario | Redacción | Cartas al director| Staff