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Baltasar Garzón: "Asumo todas las decisiones que tomé"

El juez Baltasar Garzón reivindicó su inocencia al asegurar que asume “todas y cada una de las decisiones” que tomó durante la investigación de un caso de corrupción vinculado al gobernante Partido Popular (PP) por el que es juzgado por prevaricato en el Tribunal Supremo.

“Asumo todas y cada una de esas decisiones, fueron tomadas reflexivamente y en cumplimiento de la más estricta legalidad, interpretando las normas no solo nacionales sino también de los convenios internacionales”, afirmó Garzón en su alegato final de este proceso, que generó gran expectativa mediática.

El juez español más famoso, conocido mundialmente por haber perseguido al fallecido dictador chileno Augusto Pinochet, a ETA y a empresarios y políticos corruptos, se sentó por primera vez en el banquillo de los acusados para defenderse de un delito de prevaricato, es decir, de dictar a sabiendas una resolución injusta.

La Fiscalía reclamó su libre absolución mientras la acusación pidió para él una pena de hasta 17 años de inhabilitación por prevaricato y por violar las garantías constitucionales al ordenar intervenir las conversaciones entre los principales imputados en la trama de corrupción y lavado de dinero "Gürtel", ligada al PP de Madrid y Valencia, y sus abogados.

Este es el primero de tres juicios abiertos simultáneamente contra Garzón en el Tribunal Supremo por el mismo delito, algo que su abogado defensor, Francisco Baena, destacó en sus conclusiones como un “hecho singular”.

Pero además del primero es el definitivo, ya que un solo día de condena supondría el fin de su carrera judicial.

“El prevaricato es el peor delito del que se le puede acusar a un juez”, sostuvo el letrado defensor, quien remarcó también que es la primera vez que se ve en la obligación de recusar “pedir la separación del tribunal- a magistrados por manifiesta imparcialidad”.

Las causas contra el juez se iniciaron después de que éste se declaró competente para investigar los crímenes del franquismo, lo que fue interpretado como una persecución por parte de la derecha más rancia del país.

Desde que se conoció la fecha del juicio y la composición del tribunal que lo juzgaría por las escuchas del caso Gürtel, Garzón emprendió una batalla para apartar a los magistrados que consideraba imparciales.

Logró que se apartaran cinco de siete, pero los dos restantes, Luciano Varela y Manuel Marchena, quienes instruyeron los otros dos casos en su contra el de los crímenes del franquismo y el de los cursos de Nueva York-, son parte del tribunal que dictará sentencia.

Tanto durante su interrogatorio al inicio del juicio como al ejercer el derecho a la última palabra, Garzón evitó hacer referencia a la motivación política que ve detrás de su procesamiento para que no sea interpretado como un acto hostil al tribunal y se centró en su actuación procesal.

Así, defendió la legalidad de las escuchas telefónicas que ordenó para evitar que la red de corrupción Gürtel continuara lavando dinero.

Garzón sostuvo que su obligación como juez instructor era “perseguir los hechos delictivos de su jurisdicción” y, en este caso, “el blanqueo de capitales” exigía autorizar las escuchas.

“En ningún momento se violentó el derecho de defensa sino que se protegió”, remarcó el juez, quien manifestó su desacuerdo con el planteamiento de la acusación, que basa su demanda en que él ordenó las escuchas para conocer la estrategia de la defensa en el caso Gürtel.

“Me siento completamente vigilado. Creo que estoy en un Estado policial y me niego a vivir en un país en esta situación", dijo por su parte el abogado de la acusación y ex fiscal de la Audiencia Nacional, Ignacio Peláez, al solicitar condena para el juez.

Peláez, quien defiende a uno de los principales implicados en el caso Gürtel, el empresario José Luis Ulibarri, y es el autor de la denuncia contra Garzón, quiso aclarar que “no es el PP” el que está detrás de la acusación sino él como abogado que ha visto vulnerado sus derechos por unas actuaciones ilegales.

El letrado, que también fue abogado de Julio Alberto Poch, el piloto extraditado de España a Argentina por su presunta implicación en los vuelos de la muerte, fue recibido el primer día en el tribunal al grito de fascista por parte de las personas que se solidarizaron con Garzón.

Las otras partes que acusaron a Garzón son Francisco Correa, cerebro de la trama corrupta, y Pablo Crespo, otro imputados de el caso que destapó Garzón y que se convirtió en uno de los mayores escándalos de corrupción de la historia reciente de España.

En su alegato, Garzón subrayó que aquí no hubo razón de Estado, y que la única razón que entiende y defiende es la razón democrática de los ciudadanos. De esta forma y citando al político alemán Willy Brand, el magistrado concluyo: Admitir la primera injusticia es abrir la puerta a todas las que siguen.

La prueba practicada y las declaraciones ante el tribunal de la mayoría de los testigos, entre ellos un jefe de policía, desmontaron los argumentos de la acusación, puesto que avalaron la legalidad de la actuación del magistrado.

El primer juicio quedó hoy listo para sentencia, pero el calvario del magistrado continuará la próxima semana cuando regrese al Supremo por la causa del franquismo.

La plataforma "Solidarios con Garzón" tiene previsto concentrarse ese día otra a las puertas del tribunal, como lo hizo esta semana, para denunciar la persecución al magistrado que consideran orquestada por la derecha franquista aún enquistada en las altas instituciones del Estado.