Enviar Nota | Imprimir

AMPLIARLa máscara de Piñera con Pinochet

Larga lista de acciones en Chile para imponer el "Punto Final"

El retorno a la democracia en Chile, en 1990, obligó a las autoridades a reconocer oficialmente las desapariciones, ejecuciones y torturas cometidas durante los 17 años de dictadura, y a avanzar en establecer el número de víctimas y el destino de miles de ellas.

La búsqueda de la verdad se realizó con el miedo de poner en peligro la considerada frágil democracia.

La frase acuñada por el presidente Patricio Aylwin "justicia en la medida de lo posible", se convirtió en un principio que cobró vigencia incluso más allá de su período de gobierno.

A continuación los intentos por poner punto final a los casos de violaciones a los derechos humanos:

- En abril de 1978 la dictadura de Augusto Pinochet promulga el decreto Ley de Amnistía que exculpa de responsabilidad penal a quienes cometieron delitos, fueron inductores o encubridores de crímenes entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978, cuando se levantó el estado de sitio impuesto por la junta militar. Hasta hoy la ley se mantiene vigente.

- En 1990, un acuerdo marco entre sectores de la derecha e izquierda política, que no prosperó, dispuso una rebaja general de penas en dos grados (de agravantes criminales) para todos los delitos cometidos con anterioridad al 11 de marzo de 1990, exceptuando sólo el homicidio calificado. El acuerdo favorecía a los presos políticos pero también a los represores.

- El 3 de agosto de 1993, el presidente Patricio Aylwin, presenta a la Cámara de Diputados un proyecto de Ley, con una vigencia de dos años, para agilizar los procesos y asegurar el secreto sobre los presuntos involucrados. Desde ese momento, plantea la tesis "justicia en la medida de lo posible".

- En agosto de 1995, el presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, propone un proyecto de ley que evita los procesamientos, restringe las investigaciones judiciales a la localización de los restos de los desaparecidos, garantiza el secreto total para las investigaciones y permite que se archiven los casos antes de que se encuentren los cuerpos o se establezca toda la verdad.

- En octubre de 1995, una propuesta elaborada por el entonces ministro del Interior, Carlos Figueroa y el senador de la derechista Renovación Nacional, Miguel Otero, establece normas de reserva para quienes entreguen antecedentes sobre el destino de los detenidos desaparecidos y la amenaza de sanción penal para quien viole el secreto, entre otros.

- En 1999, el presidente Frei consigue formar una mesa de diálogo en el que por primera vez se sientan representantes de víctimas y represores. El propósito de la mesa es avanzar hacia la búsqueda de la verdad, pero también poner punto final a los juicios.

- En abril de 2005, la Corte Suprema ordenó un plazo máximo de seis meses para cerrar las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos en dictadura.