AMPLIARÉl congreso tendrá un tema candenteEl Congreso analizará el decreto que revisa los salarios estatales
La única reunión prevista para enero en la agenda oficial de sesiones de comisiones de ambas cámaras del Parlamento tendrá lugar la semana que viene en el Senado.
La Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo será quien romperá el receso vacacional el lunes próximo para elegir al legislador que presidirá el cuerpo durante este año y analizar la legalidad del decreto que dispuso revisar algunos ítems de los salarios de trabajadores estatales.
El cuerpo parlamentario se reunirá a las 18 en el Salón Arturo Illia de
la Cámara alta y se anticipa que la presidencia será ocupado por un
kirchnerista, debido a que tiene la representación de los dos tercios de
sus integrantes.
La comisión quedó integrada en diciembre por
diez parlamentarios oficialistas y cinco de la oposición, en una
proporción que asegura el rápido tránsito de los decretos en la etapa de
revisión obligatoria por el Congreso. Distinto será de la inactividad
que atravesó durante el año pasado, debido a que oficialistas y
opositores tenían el mismo número de representantes.
Sin embargo,
el triunfo kirchnerista del 23 de octubre rompió el balance establecido
en el 50 por ciento de la representación y otorgó una diferencia
indescontable a favor del sector progubernamental del 65 por ciento,
contra el 35, en esa comisión.
El oficialismo, más sus aliados,
reúne a los senadores Miguel Ángel Pichetto, Beatriz Rojkés de
Alperovich, Marcelo Guinle, Pablo González y María de la Rosa; y los
diputados Jorge Landau, Eduaro De Pedro, Luis Cicogna, Diana Conti y
Agustín Rossi.
En la lista de opositores figuran los senadores
radicales Luis Petcoff Naidenoff y Ernesto Sanz; y diputados Juan Pedro
Tunessi y Jorge Albarracín. El único peronista disidente es el mendocino
Enrique Thomas.
La comisión enalizará el lunes el decreto que
dispuso una revisión de pagos adicionales, bonificaciones o suplementos
salariales extraordinarios que perciben empleados de la administración
pública, sancionado en diciembre por la presidenta Cristina Fernández.
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