La ley chilena de extranjería está obsoleta y muy lejos de responder al respeto de los derechos humanos de los extranjeros que residen en Chile, según un informe de Amnistía Internacional.
El documento apuntó a que la estabilidad, crecimiento y variables macroeconómicos en Chile son más positivas que cualquier otro país de la región, incluso mejores que algunos países europeos sumergidos en crisis económica. Este escenario hace de Chile un país receptor de migración, la que irá en aumento, advirtió Macarena Machín, coordinadora del equipo de Migración, Refugio y Solicitud de Asilo de Amnistía Internacional.
Sin embargo, según la autora, Chile no ha abordado este fenómeno desde una visión integral que garantice el pleno ejercicio de los derechos de las personas que llegan al país en busca de nuevas o mejores oportunidades.
Planteó como vital impulsar reformas legales y reglamentarias que permitan adecuar la legislación interna a los estándares del derecho internacional garantizados en los tratados internacionales en materia de derechos humanos, donde este país, afirma, "está en franca deuda", luego de haber habido más de un millón de chilenos exiliados por razones políticas o económicas entre los años 70 y 90.
Chile cuenta con una Ley de Extranjería -basada en dos decretos de ley que datan de la dictadura- que tiene muchos de sus artículos en desuso y obsoletos y está centrada básicamente en aspectos relativos al otorgamiento de visas y el ingreso o expulsión de extranjeros del país.
La principal recomendación del informe es que Chile requiere de un plan nacional de migración que aborde la situación de manera integral, abarcando el acceso a la educación, salud, redes sociales y no sólo como un problema de seguridad del país.
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