El rector Juan Alberto Cerisola resolvió “suspender” a los alumnos de la facultad de Derecho involucrados en la falsificación de notas en actas de exámenes por considerar que “han sido gravemente avasallados” las normas y principios de conducta que rigen a los alumnos universitarios y se ha “afectado de manera irreparable el prestigio de la UNT ”, entre otras consideraciones.
Desde 2004 hasta 2006, se llevó a cabo en Derecho una estafa aberrante. Varios alumnos de esa carrera, en complicidad con personal del Departamento de Alumnos, compraban la aprobación de materias por cifras que iban desde los 200 hasta los 500 pesos. Están involucrados 99 alumnos.
En la última sesión del Honorable Consejo Superior, el titular de la casa de Juan B. Terán, informó al cuerpo sobre lo actuado por el Rectorado en referencia a las actuaciones contenidas en el Expediente Nº 77/07 por el cual se investigaron hechos detectados en el ámbito de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y adelantó su decisión.
En tanto, el HCS tomó conocimiento de la resolución del rector y decidió brindar su apoyo a lo actuado por las autoridades universitarias, mientras que anunció que en los próximos días, serán comunicadas oficialmente la resolución correspondiente que amerite cada caso. De esta manera concluye el procedimiento administrativo de la investigación.
En su informe Cerisola destacó que “una vez clausurada la instrucción de la labor administrativa que llevó a cabo en la Dirección de Sumarios, dependiente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la UNT , se elevaron los informes finales referidos a las conclusiones de los sumariantes, en los que se determinó la responsabilidad del personal no docente y alumnos de la facultad con el aconsejamiento de las medidas disciplinarias a adoptar en cada situación particular”.
Resaltó además que “durante todo el procedimiento se respetaron los derechos de defensa de todos los sumariados”, y remarcó la actuación de la Unidad de Auditoría Interna y la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas como parte acusadora” con quienes compartió las conclusiones del sumario.
Por otra parte, aclaró que “la imposición de las diversas sanciones al personal no docente quedaron a decisión de las autoridades de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, por ser estatutariamente competentes para resolver estos casos”.
En cuanto a los alumnos, advirtió que “se ha tenido en cuenta el artículo 14 de la Ley 24.521 de Educación Superior que impone a los alumnos universitarios la obligación de a) respetar los estatutos y reglamentaciones de la institución en la que estudian; b) observar las condiciones de estudio, investigación, trabajo y convivencia que estipule la institución a la que pertenece”, normas y principios de conducta que han sido gravemente avasallados en los hechos investigados”, detalló.
Es por ello que, “tales hechos, debidamente acreditados en estas actuaciones han afectado además de manera irreparable el prestigio de que goza esta Casa como institución pública, lo que amerita la imposición de medidas ejemplificadoras”.
“Tratándose de una sanción que implica la inhabilitación transitoria de las personas involucradas para desarrollar toda actividad en cualquiera de las Facultades y Escuelas de la UNT se ha optado por utilizar la expresión ‘suspensión' en lugar de ‘expulsión' que se aconsejara”, manifestó y aclaró que “si bien las facultades de orden disciplinario se han atribuido estatutariamente a este Rectorado, las decisiones que se adopten en este orden y sobre un tema de tanta trascendencia no pueden resultar ajenos al máximo órgano colegiado deliberativo de la UNT ”, finalizó.
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