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AMPLIARHumala aspira a una minería "responsable"

Humala declara "estado de emergencia" en Cajamarca

Las actividades comenzaron a normalizarse en el departamento Cajamarca, en el norte de Perú, luego de que el gobierno central declarara el estado de sitio en cuatro de sus provincias de esa región tras el fracaso del diálogo con los líderes de una protesta antiminera que mantuvo la zona paralizada y con pérdidas millonarias durante 11 días.

Grupos de soldados salieron a resguardar los servicios públicos esenciales, como el suministro de agua y electricidad, los puentes y las carreteras.

El estado de emergencia (sitio), con vigencia a partir de este lunes y durante 60 días en las provincias Cajamarca, Celendín, Hualgayoc y Contumazá, fue anunciado el domingo a la noche por el presidente Ollanta Humala y publicado ayer por el diario El Peruano (boletín oficial).

Humala afirmó que su gobierno “ha mantenido una apertura total al diálogo desde que se inició el conflicto” pero “la intransigencia de un sector de dirigentes locales y regionales se ha puesto nuevamente de manifiesto”.

En ese contexto, subrayó que la administración central “tiene la obligación de garantizar la vida y la tranquilidad de las personas, restablecer los servicios básicos de educación y salud, así como hacer respetar el libre tránsito y preservar la propiedad pública y privada”.

El ministro del Interior, Oscar Valdés, en Cajamarca desde ayer, aseguró esta mañana que “las actividades en la ciudad se están normalizando y muchas personas que tienen negocio propio se sienten aliviadas de que pueden llevar alimento a sus hogares”, reportó la agencia noticiosa estatal Andina.

El panorama descripto por el ministro fue corroborado por el enviado del diario limeño El Comercio, quien reportó: “Los colegios están atendiendo; las universidades, el transporte y el mercado atienden normalmente; no hubo ninguna manifestación”. No obstante, advirtió: “Se respira una tensa calma”.

En tanto, el presidente del Consejo de Ministros (jefe del gabinete), Salomón Lerner Ghitis, afirmó que el gobierno central está dispuesto a dejar sin efecto el estado de emergencia apenas se firmen los acuerdos que se buscan con los dirigentes de la protesta.

“Eso es lo que nosotros esperamos; creemos que si ellos logran estos términos, se podrá levantar el paro, nosotros podamos firmar los acuerdos que ya están listos y ponernos a trabajar en la mesa de trabajo que ya se ha acordado”, dijo Lerner Ghitis.

Lerner encabezó una comitiva integrada también por Valdés, otros tres ministros, una viceministra y representantes de la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y el Poder Judicial que ayer conversó durante varias horas en Cajamarca, sin resultado, con los líderes gubernamentales y cívicos de la protesta y con algunas autoridades eclesiásticas.

Según la prensa local, mientras los gobernantes locales pidieron la realización de un nuevo estudio de impacto ambiental que permita hacer viable el cuestionado proyecto Conga, el Frente de Defensa Ambiental reclamó que la iniciativa sea declarada inviable y la Cámara de Comercio y Producción local solicitó el inmediato levantamiento de la protesta.

El presidente regional de Cajamarca, el maoísta Gregorio Santos, acusó hoy al gobierno central de haber presionado a sus interlocutores para que firmaran los acuerdos propuestos bajo la amenaza de declarar el estado de emergencia.

“Todos decidimos -afirmó Santos- consultar si estos acuerdos podían ser aceptados por la población y ahí nos dijeron: `O firman, o estado de emergencia`. Nosotros respondimos que teníamos derecho a la legítima consulta. Ningún dirigente ha firmado".

Una versión similar ofreció el sacerdote Marco Arana, otro de los líderes de la protesta. “La comisión Lerner dijo que la firma de los acuerdos era necesaria para la tregua, los dirigentes querían 24 horas para comunicar a sus bases en qué consistían los acuerdos, no les permitieron ese proceso y el presidente regional y el presidente del Frente de Defensa Ambiental (Wilfredo Saavedra) dijeron: `Si firmamos sin consultar a la población acabaremos destituidos`. Entonces se rompió el diálogo”.

La huelga se inició el jueves 24 de noviembre a raíz de la oposición local al proyecto Conga, de extracción de oro, bajo el argumento de que dejará a la zona sin los recursos hídricos que utiliza para la agricultura y la ganadería.

El consorcio peruano-estadounidense Yanacocha, que ya explota en la región la mayor mina de oro de Sudamérica y que se comprometió a invertir 4.800 millones de dólares en Conga, descartó esa posibilidad y anunció que construirá reservorios para trasvasar el contenido de cuatro lagunas, a fin de asegurar la provisión de agua.

El martes pasado, tras un choque entre manifestantes y policías que dejó al menos ocho heridos de bala, el gobierno central y Yanacocha anunciaron la suspensión de Conga, pero los manifestantes exigieron que la medida fuera formalizada mediante un decreto y advirtieron que mientras ello no suceda, no levantarían la huelga.