Un proyecto de ley que modifica el Código Penal y sanciona con hasta cuatro años de cárcel a quienes corrompan a niños y adolescentes tras haberlos contactado vía Internet podría ser debatido este año en el recinto de la Cámara de Diputados.
Es que la comisión de Legislación Penal de ese cuerpo, que preside el diputado Juan Carlos Vega (Coalición Cívica), aspira a firmar dictamen hoy de una iniciativa que penaliza el "ciberhostigamiento o grooming" y habilitar así su debate.
La norma, de autoría de la diputada Paula Bertol (PRO), introduce en el
Código Penal el artículo 125 ter, que fija "reclusión o prisión de seis
meses a cuatro años" a los adultos que obtengan "concesiones de índole
sexual" de niños o niñas menores de 13 años, mediante el uso de
"cualquier tecnología de información o comunicación".
"Los delincuentes que intentamos frenar con este proyecto usan las
nuevas tecnologías y redes sociales para crear relaciones de falsa
amistad, confianza y empatía con menores de edad para luego llegar al
contacto físico y al abuso", reflexionó Bertol, en diálogo con Télam.
Uno de los referentes del oficialismo en la comisión, el diputado Héctor
Recalde, en declaraciones a Télam, se pronunció "de acuerdo" con la
propuesta y argumentó que "todo lo que tienda a proteger a los niños de
influencias nocivas" contará con su "apoyo".
Para su compañera de bancada, Diana Conti, "las reformas al Código
merecen un debate más profundo que las que pueden darse de apuro en un
cierre de año parlamentario".
Con todo, Conti consideró que el Código Penal "perdió su sistematicidad"
y debería "recuperarla urgentemente" a través de una "reforma
integral".
El proyecto reprime además "con prisión o reclusión de seis meses a tres
años" a quienes cometan el mismo delito con adolescentes menores de 16
años y "mediare el engaño, la violencia, la amenaza, el abuso de
autoridad o cualquier otro medio de intimidación o coerción".
"La idea es darle menos discrecionalidad al tema, más herramientas a la
justicia para operar rápidamente y actualizar el Código", explicaron a
Télam desde las oficinas del diputado Vega.
Si bien la normativa argentina no contempla la figura del
"ciberhostigamiento", en el 2008 la reforma del Código Penal incorporó
los "delitos informáticos", que tipifican la divulgación de pornografía
infantil, la violación de comunicación electrónica y el fraude o
sabotaje informático, entre otras cuestiones.
Voceros de la comisión explicaron que el proyecto busca conceptualizar
aquellas acciones "encaminadas y destinadas a tomar contacto y ganar
confianza por medios electrónicos con un menor de edad con el fin de
obtener una satisfacción sexual", lo que "puede lograrse por medio
virtual (sin llegar a estar en contacto físico) o en forma presencial de
ambas personas".
Según datos de abril de este año de la consultora internacional
ComScore, dedicada a mediciones del mundo digital, 13 millones de
adolescentes y jóvenes de más de 15 años en Argentina acceden a Internet
desde su hogar o lugar de trabajo y consumen un promedio de 26,9 horas
online mensuales.
Además, según ese informe -que no incluye las visitas realizadas desde
lugares públicos o telefonía móvil- Argentina se ubica en el segundo
lugar a nivel mundial en cuanto a tiempo consumido en Facebook.
Esos registros señalan también que "hombres y mujeres componen en partes
iguales la población online" y que los usuarios de Internet de entre 15
y 34 años "representan casi un 60 por ciento de todo el tiempo
consumido online" en Argentina.
Fuentes de la División de Delitos en Tecnologías de la Policía Federal
advirtieron que "no hay datos estadísticos" sobre la problemática,
básicamente porque "son mínimas las denuncias" de este tipo que se
hicieron en los últimos dos años.
En ese sentido, las fuentes celebraron el tratamiento del proyecto
porque "seguramente motivará a la gente a denunciar, lo que sumado a la
puesta en marcha de campañas de concientización servirá para ponerle un
freno al problema".
Este año la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC) instó a
la comunidad internacional a implementar una estrategia concertada para
combatir el abuso infantil por Internet, "un atropello que crece
rápidamente a medida que el acceso a la red se amplía".
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