31/10/2011 - Movilización en Tucumán

8 de cada 10 argentinos a favor de reformar la ley de aborto si corre riesgo la mujer

El 81% de los argentinos apoya una reforma a la ley sobre el aborto si la vida o salud de la mujer está en riesgo y el 80% si es producto de una violación, según una encuesta difundida por impulsores de la reforma, que se tratará hoy en comisión del Congreso, donde habrá una movilización sindical en apoyo a la modificación. Movilización en Tucumán

Los datos surgen de una encuesta telefónica a 1.002 personas, mayores de 18 años, en ciudades argentinas con una población de 50.000 personas o más, realizada del 9 al 30 de septiembre, y agregan que para los abortos por mera decisión personal el apoyo desciende al 45%. 

La encuesta difundida por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito se conoce un día antes de que la Comisión de Legislación Penal del Congreso de la Nación discuta, desde las 15.30, el Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que propone la despenalizar y legalizar el aborto. 

Además, el 68% apoya la legalización del aborto si el feto presenta anormalidades graves y, a la consulta si la nueva legislación debe dar a las mujeres el derecho a hacerse un aborto durante las primeras 12 semanas de embarazo, la opinión está dividida: 45% a favor y 53% en contra, según la encuesta . 

En este contexto, la Campaña pidió que el debate de hoy  "dé cuenta de la discusión que nuestra sociedad viene dando hace varios años y que las y los diputados se aboquen a emitir un dictamen". 

La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito presentó un proyecto que lleva la firma de 50 legisladoras/es de todos los bloques con representación parlamentaria. 

Las mujeres del Plenario de Trabajadoras en el Frente de Izquierda junto a otras organizaciones de mujeres, sociales y políticas, de Tucumán "nos movilizaremos a Plaza Independencia a las 18 y a todos los lugares de representación del poder estatal del país, para exigir que sean tratados, de un modo inmediato y conjunto en todas las comisiones donde corresponda, exclusivamente los proyectos de aborto legal y se avance en su aprobación para terminar con las muertes y mutilaciones", expresaron en un comunicado.  

En tanto, el sector de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) que responde al estatal Pablo Micheli convocó para hoy a una movilización hacia el Parlamento en reclamo de la legalización del aborto. 

La secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades de ese sector, Alejandra Angriman, informó en un comunicado que la marcha se iniciará a las 14 hacia Riobamba y la Avenida Rivadavia. 

La sindicalista aseguró que se trata de "una lucha de todas y todos" e indicó que la CTA participará en la audiencia respectiva, que analizará la posibilidad de legalizar el aborto en el país. 

La audiencia de mañana se realizará en el anexo de la Cámara de Diputados, en tanto la CTA respaldará otra vez "el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo", aseguró Angriman. 

La sindicalista aseguró que "será una jornada histórica porque las organizaciones sociales, políticas, sindicales y femeninas darán un paso fundamental hacia la legalización del aborto". 

"Así, demostrarán que la lucha de tantos años no sólo se ganó un lugar en la agenda social y política sino que tiene posibilidades de ser norma", añadió. 

Angriman sostuvo que "es responsabilidad del Estado modificar la legislación para despenalizar y legalizar el aborto seguro como principio de salud pública y respeto por los derechos humanos". 

Indicó que ello debe practicarse en "los hospitales públicos, con accesibilidad por el principio de ciudadanía o residencia". 

"El aborto seguro es una medida esencial de salud pública y de respeto por los derechos humanos y autonomía de las mujeres, y  sólo podrá practicarse en el marco del acceso a la salud colectiva de forma gratuita, pública, universal, integral, igualitaria y de calidad para todas las trabajadoras ocupadas y desocupadas", dijo. 

La dirigente gremial añadió que por "el simple derecho de ciudadanía o residencia puede practicarse a través de un sistema universal de salud y seguridad social colectivo".