Luciano Benjamín Menéndez ostenta el triste récord de ser, hasta el momento, el represor con más condenas a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad. Acumula seis sentencias. Está alojado en un country de Yerba Buena
Menéndez, alias "Cachorro" y comandante del III Cuerpo del Ejército
desde septiembre de 1975 hasta septiembre de 1979, tuvo el control
operativo de las Fuerzas Armadas y de Seguridad de la zona 3 y fue
responsable de todos los centros clandestinos de detención que
funcionaron en las provincias que abarcaba el sector, es decir, Jujuy,
Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis, Córdoba,
Santiago del Estero y Tucumán.
El represor no fue beneficiado por la Ley de Obediencia Debida y se
hallaba inculpado en cerca de 800 causas. En 1988 fue procesado por 47
casos de homicidio, 76 de tormentos, 4 de ellos seguido de muerte y 4
sustracciones de menores, pero la Corte Suprema lo desprocesó entonces
en conformidad con la Ley de Punto Final.
En 1990, el entonces presidente Carlos Menem lo indultó días antes de que se iniciara el juicio en su contra.
A mediados de 1998, se reabrió una causa penal por 30 fusilamientos y
asesinatos de presos políticos cometidos en 1976 y Menéndez fue detenido
por unos días, por negarse a declarar en esta causa, aunque fue dejado
en libertad poco después.
Finalmente, la justicia llegó, diez años después, al ser sentenciado en
Córdoba, el 24 de julio de 2008, por los secuestros, torturas y
asesinatos de Hilda Flora Palacios, Humberto Horacio Brandalisis, Carlos
Lajas y Raúl Osvaldo Cardozo, miembros del Partido Revolucionario de
los Trabajadores abatidos en un operativo montado por el Tercer Cuerpo
en diciembre de 1977.
Luego le llegó el turno ante la justicia tucumana, que el 28 de agosto
-también de 2008- lo condenó por la desaparición del ex senador
provincial justicialista Guillermo Vargas Aignasse, hecho ocurrido en
1976, en la madrugada del golpe de Estado.
Durante este proceso, también fue condenado Antonio Domingo Bussi, entonces jefe militar de Tucumán.
A fines de 2009 en Córdoba, Menéndez fue condenado por tercera vez, en
esta oportunidad por el secuestro, tortura y asesinato del comisario
Ricardo Albareda, además por los secuestros, tormentos y lesiones graves
en perjuicio de otros perseguidos políticos.
El 18 de mayo de 2010, un tribunal tucumano volvió a condenarlo por los
padecimientos de 22 personas en el centro clandestino de detención que
funcionó en la ex Jefatura de Policía.
Poco después, el 22 de diciembre de 2010, la justicia cordobesa lo
condenó por la muerte de 31 presos políticos alojados en la Unidad
Penitenciaria San Martín (UP1) de la ciudad de Córdoba, ocurridos en
1976 bajo el paraguas de la Ley de Fugas, además del secuestros y
torturas en contra de un civil y cinco miembros del entonces
Departamento de Informaciones Policiales (D2).
En este juicio, acompañó a Menéndez en el banquillo de los acusados el
máximo responsable de la ex dictadura y entonces titular del Poder
Ejecutivo Nacional, Jorge Rafael Videla.
La hasta ahora última condena la recibió el 23 de marzo de 2011, un día
antes de recordarse los 35 años del golpe militar, cuando la justicia
tucumana lo sentenció por "homicidios doblemente agravados y violación
de domicilio" en la causa Romero Niklison, en la que se investigan los
asesinatos de cinco personas.
Las víctimas fueron María Alejandra Niklison, Fernando Saavedra, Juan Carlos Meneses, Eduardo González Paz y Atilio Bransen.
Menéndez tuvo la posibilidad de hablar antes de conocerse el fallo y
desde el country de Yerba Buena, donde permanece alojado por razones de
salud, defendió por videoconferencia la tesis de "una guerra" que viene
sosteniendo en cada juicio que afronta.
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