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Avanza en la región la batalla contra los medios monopólicos

La batalla contra la concentración monopólica de los medios de comunicación da pasos firmes en los países de la región, donde la Argentina se puso a la vanguardia en 2009 con la sanción de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual.

El panorama regional fue reflejado este domingo en un "dossier" incluido por el diario Tiempo Argentino, con la situación en Brasil, Bolivia, Paraguay, Chile, Uruguay, Venezuela y Ecuador.

En Brasil, el último congreso del gobernante Partido de los Trabajadores declaró la necesidad de una ley de medios, que prohíba los monopolios en la actividad.

“En su 4º Congreso Nacional, el PT mostró voluntad política de sumarse a una corriente que integran la Argentina, Ecuador, Bolivia y otros países de la región. El objetivo es sacar al Estado del repliegue de los `90 y promoverlo como actor central de las telecomunicaciones”, indicó el matutino.

Con ese marco político, el país más grande de Latinoamérica acaba de sancionar una ley que abre la televisión paga -por cable o por satélite- a las empresas de telecomunicaciones nacionales y extranjeras, y establece un fuerte fomento para la industria audiovisual local, en especial la independiente.

En Bolivia, la Ley General de Telecomunicaciones fue promulgada por el presidente Evo Morales el 8 de agosto último, y “reglamenta el uso equitativo y eficiente del espectro radioeléctrico a partir de una redistribución nacional de frecuencias”, con 33 % para el Estado, 33 % para el sector privado, 17 % para los medios comunitarios y 17 % para los medios indígenas.

“No es una ley de medios ni de contenidos. Es una ley de carácter integral, ordenador, redistribuidor, de acceso a la telecomunicación como un derecho, y en esa pretensión abarca a todos los sectores de la telecomunicación en Bolivia”, declaró al diario argentino René Martínez, presidente del Senado de Bolivia.

Muy diferente es la situación en Paraguay, donde 98 % del espacio radioeléctrico está en manos de propietarios privados, y el principal operador de cable es Cablevisión, del grupo argentino Clarín, según subrayó Tiempo Argentino.

El gobierno del presidente Fernando Lugo procuró abrir el debate al respecto mediante el Foro por una Ley de Telecomunicaciones Democrática en Paraguay “Toñe-hendú ñane ñe`e” (“Para escuchar nuestras voces”, en guaraní), realizado en mayo pasado.

El encuentro concluyó con una marcha para exigir la sanción de un reglamento de radio y televisión comunitaria, reclamado por los movimientos sociales desde 2008, y una Ley de Comunicación Democrática. Sin embargo, una norma de esa naturaleza está lejos de hacerse realidad en el contexto político paraguayo.

En Chile, en tanto, el sistema de medios de comunicación “se encuentra blindado". El ex dictador Augusto Pinochet, un día antes de dejar el gobierno salvó de la quiebra a Copesa y El Mercurio, los grupos empresarios que hoy controlan 98 % de la circulación de diarios.

"No hay un diario progresista en Chile y las pocas revistas que no son del duopolio (el Mercurio-La Tercera) son distribuidas o impresas por él. La TV, salvo la pública, está en manos de poderosos grupos económicos. Afortunadamente existe Radio Cooperativa, un bastión durante la dictadura", dice Francisco Martorell Cammarella, director de la revista El Periodista, citado por Tiempo Argentino.

En Uruguay, el gobierno del presidente José Mujica evalúa un anteproyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual, fruto de un amplio acuerdo, que toma como referencia la ley argentina de 2009 y la española de 2010.

En Venezuela, comienza a tomar forma concreta con una ley para la comunicación popular un proceso que se abrió en 2002, cuando los medios privados ocultaron la información acerca del golpe de Estado que se intentó contra el presidente Hugo Chávez, que ya en diciembre de 2010 sancionó la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos.

En Ecuador, mientras tanto, donde el 97 % de los medios son privados, ya lleva dos años el debate por una nueva ley de comunicación, en el que las patronales presentan las iniciativas del presidente Rafael Correa como si fueran ataques a las libertades públicas, cuando procuran justamente su ampliación.

Los ecuatorianos aprobaron mediante un referendo que se prohíba a los dueños de los bancos poseer también medios de comunicación masiva.