Las negociaciones para destrabar el conflicto estudiantil que se extiende ya por casi cuatro meses en Chile quedaron entrampadas tras el rechazo de los estudiantes a la última propuesta del gobierno y su exigencia de "condiciones mínimas" para el diálogo.
Tras reanudar el jueves sus marchas -aunque con una escasa convocatoria- y al final de una extensa reunión, la Confederación de Estudiantes de Chile (Chile) rechazó una nueva propuesta del gobierno del presidente Sebastián Piñera para establecer a partir del próximo lunes una mesa de trabajo.
"Recalcamos nuestra disponibilidad para resolver el conflicto educacional a través de un diálogo franco y abierto con el gobierno y la ciudadanía. Sin embargo, consideramos que hay condiciones mínimas y de sentido común para que este espacio se dé a la altura de las circunstancias históricas", señaló una declaración del organismo que reúne a 25 federaciones de estudiantes.
"Por esto invitamos al Gobierno para que genere estas simples condiciones para garantizar (...) el diálogo fructífero y responsable que todas las familias chilenas están esperando", agregó la declaración.
La negativa constituye un portazo a la cuarta propuesta presentada por el gobierno desde que estalló el conflicto a fines de abril y que mantiene hoy a unos 250.000 estudiantes sin clases y cientos de miles de universitarios a las puertas de perder el año lectivo.
Varias universidades afrontan además una crítica situación económica, al estar paralizado también el pago de los aranceles por parte de los estudiantes, que reclaman por los altos costos de la educación superior en Chile y exigen avanzar hacia un sistema gratuito.
"Llevamos demasiado tiempo de movilizaciones y también es claro que así no vamos a encontrar la solución y la respuesta, sino que conversando, dialogando y construyendo", señaló este viernes el ministro de Educación, Felipe Bulnes.
Los estudiantes exigen al gobierno como primera condición suspender la tramitación en el Congreso de proyectos sobre educación enviados recientemente, sin antes haberlos someterlo a la discusión con los estudiantes.
Los proyectos rebajan desde 5,6% hasta 2% los intereses de un crédito privado avalado por el Estado al que recurren hoy los universitarios para pagar los aranceles y permitir la repactación para unos 110.000 estudiantes morosos.
Los estudiantes exigen además asegurar la transparencia del proceso de negociación -a través de la transmisión televisiva del diálogo- postergar el plazo para cerrar el primer semestre académico -que vence el 7 de octubre- y congelar la entrega de fondos fiscales a universidades privadas para 2012.
"Los estudiantes somos los más interesados en avanzar", aclaró este viernes uno de los líderes estudiantiles, Giorgio Jackson.
Otro de los dirigentes, Patricio Contreras, indicó que el próximo lunes la Confech entregará una contrapropuesta al gobierno en la que plantearán que la mesa de diálogo se centre en dos temas que ellos consideran clave: fin del lucro en la educación y avanzar hacia la gratuidad del sistema.
"La vamos a mirar con la mejor buena voluntad, el mejor interés y siempre escuchando", respondió el ministro Bulnes.
La propuesta del gobierno fue también rechazada por el Colegio de Profesores, mientras que los estudiantes secundarios aún no se pronunciaban. La principal demanda de los estudiantes es traspasar la administración de los colegios públicos desde los municipios al Estado central, para superar sus deficientes condiciones de calidad e infraestructura.
Chile cuenta con uno de los sistema educativos más privatizados del mundo, tras las reformas neoliberales aplicadas por la dictadura de Augusto Pinochet, que redujo a menos de la mitad el aporte público a la educación y fomentó la participación de los privados.
Hoy, sólo 40% de los escolares chilenos estudia en colegios públicos gratuito. El resto -casi un 50%- lo hace en establecimientos privados pero que reciben aporte del Estado, mientras que una elite -de cerca del 10%- estudia en colegios totalmente privados.
A nivel superior, en tanto - con una matrícula de casi un millón de estudiantes- no existe la gratuidad, tanto en las universidades públicas como en las privadas, que ofrecen créditos con un alto interés para financiar la matriculación.
Según han dicho los estudiantes, un piso razonable para bajar la movilización es que el gobierno acceda a conceder la gratuidad al 60% de los estudiantes más vulnerables de las universidades.
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