Ganaderos brasileños, que se constituyen como un poder de facto en el Chaco paraguayo, presionan y extorsionan al gobierno de Fernando Lugo para seguir expandiéndose en territorio indígena ancestral, del que es desplazado el pueblo ayoreo, algunos de cuyos miembros permanecen sin contacto con el resto de la sociedad.
La organización global Survival International y la paraguaya Gente, Ambiente y Territorio (GAT) explicaron a ANSA que desde la asunción de Lugo el estado asumió un rol de defensa de los territorios indígenas, en línea con las normas nacionales e internacionales a las que adhiere el país.
El proceso de reivindicación de tierras originarias se inició en 1993 y desde entonces se restituyeron unas 100.000 hectáreas, explicó Jorge Vera, coordinador general de GAT, quien precisó que falta regularizar una cantidad similar. En ese marco, el problema actual en el Chaco paraguayo, de gran biodiversidad y con un frágil ecosistema, es la expansión de la frontera agrícola, en el oeste para ganado y en el este para plantar soja transgénica.
"El estado por primera vez está otorgando fondos para que el instituto paraguayo indígena legalice tierras. Pero, por otro lado, están los poderes de facto, los ganaderos, en particular los ganaderos brasileños, quienes corrompen cuanto pueden", afirmó Vera.
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