Los problemas de segmentación del sistema educativo de Chile no son ajenos al resto de América Latina, pero en este país adquirieron un carácter mucho más complejo.
Las movilizaciones estudiantiles por una reforma educativa, que llevan casi tres meses y jaquean al gobierno de Sebastián Piñera, sorprenden a quienes ven a Chile como un modelo de estabilidad económica y política en la región.
"Hay que entender que los problemas de la educación –como la
segmentación y calidad criticadas por los estudiantes chilenos– no son
exclusivos de este país, sino que afectan a toda la región", dijo a IPS
la experta Daniela Trucco, del Departamento de Desarrollo Social de la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Más que la educación superior, lo que distancia a Chile de sus vecinos
es el sistema de financiamiento de la enseñanza primaria y secundaria.
"En la mayoría de los países, el sistema escolar se divide en educación
pública y educación privada paga. Excepto en Chile, donde está dividido
en tres: la educación pública municipal, que es provista por un sistema
público, la particular subvencionada, y la particular paga", ilustró
Trucco.
Dentro de la educación privada subvencionada por el Estado, hay
establecimientos cuya asistencia es gratuita para los alumnos, y otros
que cobran una mensualidad a las familias, en lo que se conoce como
"financiamiento compartido". "Es un sistema mucho más complejo que en el
resto de la región", sostuvo Trucco.
La Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), promulgada por el
fallecido ex dictador Augusto Pinochet (1973-1990) un día antes de dejar
el poder, inició el proceso de descentralización y privatización
educativa y permitió que las instituciones privadas persiguieran fines
de lucro y que se efectuaran pruebas de selección para el ingreso de los
alumnos.
Una reforma para terminar con la resistida LOCE partió con bríos
en el gobierno de la socialista Michelle Bachelet (2006-2010),
empujada por una movilización estudiantil sin precedentes en 2006, pero
tras muchas presiones, la ley aprobada en 2009 estuvo lejos de desmontar las principales características del sistema.
Las críticas de la actual movilización ciudadana apuntan a terminar con
el permiso para lucrar del que se benefician administradores de escuelas
que son a la vez financiadas desde el Estado.
Se reclama además que la educación primaria y secundaria públicas sean
conducidas directamente por el Ministerio de Educación y no por los
municipios, a los que la LOCE traspasó todos los establecimientos
estatales, agravando también las diferencias de recursos entre distritos
más y menos pudientes.
Si bien los indicadores muestran mejoras en el acceso y cobertura de
primaria y secundaria en América Latina, dijo Trucco, se puede observar
que "en general en la región el problema es el embudo en el acceso a la
educación superior".
Allí "los porcentajes de cobertura son mucho más bajos, aunque haya
provisión de educación pública a nivel de educación superior", agregó.
Esto obedece a que "los jóvenes tienen que trabajar… y no alcanzan el
nivel de calidad requerido para acceder al sistema de educación
superior", indicó. "Ese es un problema generalizado en la región, no
sólo en Chile", dijo la especialista.
A pesar de los problemas estructurales de la educación chilena, éste "es
de los países con mejores niveles de cobertura y de calidad en el
sistema escolar", apuntó.
En 1997, Chile impuso la jornada escolar completa para todo el sistema
primario y secundario, de la que carecen "la mayoría de países de la
región", excepto en la educación privada paga.
"Ese es un factor de desigualdad enorme, sobre todo porque la jornada
escolar completa es especialmente importante para aquellos niños
socialmente más desfavorecidos", acotó.
América Latina está a punto de lograr la universalización de la
enseñanza primaria, con 95 por ciento de cobertura, según datos de las
Naciones Unidas.
Pero hay aún 2,9 millones de niños y niñas fuera de la escuela y los que
llegan al último grado de la enseñanza primaria alcanzan a 86 por
ciento en la región.
Además, apenas 67 por ciento de los niños y niñas ingresan al sistema educativo a la edad establecida.
El desafío de Chile sigue siendo la inequidad y "qué pasa después de que
salen de la media, cuáles son las posibilidades que tienen, cómo son
las diferencias de resultados, cómo llegan a la educación superior, cómo
la financian; esos son los problemas que se están discutiendo, que
tienen una complejidad mucho mayor".
La oferta educativa superior chilena, además, no incluye ninguna casa de
estudios –ni siquiera institutos técnico-profesionales– completamente
financiada por el Estado, y gratuita para los estudiantes.
"En vez de que la oferta educativa cumpla la promesa y la expectativa de
revertir las desigualdades sociales de origen, lo que está haciendo es
reproducirlas", observó la experta.
Entonces, el gasto público en educación superior, que es "importante",
lo recibe "la población más favorecida socialmente, porque la otra no
está accediendo al sistema", describió, lo que convierte ese gasto en
"regresivo".
Para Trucco, debe haber gasto público, pero asegurando que los jóvenes
pobres lleguen a la educación superior y reciban ese financiamiento.
En muchos casos, el arancel supera el salario mínimo nacional mensual, de unos 350 dólares.
En medio de marchas, protestas y paros, el gobierno presentó el lunes 1
sus "Políticas y propuestas de acción para el desarrollo de la educación
chilena", que exponen 21 medidas, como dar rango constitucional al
derecho a una educación de calidad, revertir la municipalización de la
enseñanza pública, modernizar la carrera docente y reformar el sistema
de becas y créditos estudiantiles universitarios, entre otras.
La respuesta fue una convocatoria de estudiantes secundarios,
universitarios y profesores a manifestaciones efectuadas el jueves, sin
autorización del gobierno, y que fueron duramente reprimidas por la
policía, con más de 800 detenidos en todo el país.
Siguió un caceroleo nocturno condenando la acción policial en muchas calles capitalinas y de las principales ciudades.
"Da la sensación de que (las autoridades) no lo quieren resolver, en vez
de apagar el fuego lo están alimentando", dijo a IPS el director del Observatorio Chileno de Políticas Educativas de la Universidad de Chile, Jesús Redondo.
Este viernes 5 los sectores movilizados rechazaron formalmente la
propuesta del gobierno pues, dijeron, mantiene la línea neoliberal del
sistema, perpetuando la educación privada, sin fortalecer la pública.
Además, dieron un plazo de seis días para que el Poder Ejecutivo
responda al petitorio de reclamos de forma "seria" y convocaron a un
nuevo paro nacional para el martes 9.
La movilización por una reforma educativa "es un movimiento social y
legitimado, que la gente respalda", dijo la presidenta de la Federación
de Estudiantes de la Universidad de Chile, Camila Vallejo.
El gobierno no lo está entendiendo y responde "con violencia, con represión, coartando libertades constitucionales", añadió.
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