La huelga general convocada por estudiantes y docentes paralizó prácticamente ayer la actividad educativa en Chile, donde policías y manifestantes volvieron a chocar en varias de las marchas realizadas en las principales ciudades del país.
La marcha se desarrolló en completa calma hasta llegar a su destino donde un grupo de personas con su rostro cubierto prendieron barricadas. Testigos denunciaron a la prensa que al menos tres encapuchados bajaron de un autobús policial.
Unas 100 mil personas marcharon ayer por una educación gratuita y de calidad, desde la Universidad de Santiago hasta el parque Almagro, en Santiago, donde se produjeron enfrentamientos entre encapuchados y la policía.
El Colegio de Profesores afirmó que 80 por ciento de los educadores se
adhirió al paro, los estudiantes repudiaron los actos de violencia y el
gobierno pidió que se terminen las manifestaciones porque, sostuvo, no
son controladas por sus organizadores.
"El movimiento sigue en
ascenso, se suman padres, apoderados (tutores) y trabajadores; 80 por
ciento de los docentes se adhirió a la huelga y en Antofagasta se
declaró indefinida", dijo el titular del Colegio de Profesores, Jaime
Gajardo, en una conferencia de prensa posterior a la marcha.
La
líder de la Federación de Estudiantes de Chile (FECH), Camila Vallejo,
rechazó "todos los actos de violencia después de la marcha pacífica y
exitosa" que a su juicio se realizó en Santiago, y llamó a realizar un
plebiscito para alcanzar una educación pública, gratuita y de calidad.
Criticó,
en cambio, a los consensos parlamentarios de "la derecha en el gobierno
y la Concertación" opositora centroizquierdista que, en su opinión, no
ha permitido ningún cambio educativo de fondo tras dos décadas de
democracia en Chile.
El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter,
llamó a la "reflexión" a los dirigentes estudiantiles y del profesorado
para que se replanteen "si seguirán organizando marchas como la de hoy
en el centro de Santiago, donde se han registrado desmanes".
El ministro agregó que ahora "corresponde sentarse a trabajar en los proyectos de ley" sobre educación.
"Ha
llegado el momento de que reflexionen hasta qué punto ellos están
convocando a marchas que no controlan; los liderazgos también suponen
responsabilidad", dijo el ministro del Interior.
Hinzpeter
enfatizó que los desmanes demuestran que hay que "adquirir conciencia de
que el movimiento está empezando a ser utilizado por personas a las que
les importa bastante poco la calidad de la educación".
Además de
las 60.000 a 150.000 personas que marcharon en Santiago, según
distintas fuentes, cerca de 40.000, de acuerdo a la prensa local, se
movilizaron en las distintas regiones del país, y para esta noche estaba
convocado un nuevo cacerolazo, en una protesta social que, según las
encuestas, tiene 80 por ciento de apoyo entre los chilenos.
Unas
10.000 personas marcharon en Puerto Montt, otras 15.000 en Valparaíso,
8.000 en Talca, 5.000 en Valdivia y 1.500 en Iquique. En varias de estas
marchas también hubo choques entre estudiantes y policías.
Según
el diario oficial La Nación, el jefe de la guardia policial del
Congreso en Valparaíso, comandante Hernán Silva, reconoció que un
carabinero de civil debió ser protegido de los manifestantes que lo
reconocieron como uno de los encapuchados que apedrearon esa sede
parlamentaria.
En Santiago, sobre el paseo Bulnes, donde se
produjeron disturbios y actos de violencia, testigos denunciaron que al
menos tres encapuchados bajaron de un ómnibus policial.
Vallejo
no sólo rechazó la violencia en la marcha de Santiago, sino que afirmó
que "el gobierno está muy intransigente, está solo, ya nadie apoya sus
propuestas y tiene que ceder".
Insistió en que esperaba una nueva
propuesta del Ejecutivo para mañana miércoles, día en que vencerá el
plazo de seis días otorgado por estudiantes y profesores, aunque el
gobierno ya dijo que no habrá nuevas propuestas a esos movimientos sino
al parlamento.
En este contexto, el gobierno del presidente
Sebastián Piñera vio derrumbarse su apoyo ciudadano de 47 a 26 por
ciento, según varias encuestas, y ya debió realizar tres cambios de
gabinete en un año y medio de gestión.
Pero ese nivel de
aprobación, el menor de un mandatario elegido democráticamente desde el
fin de la dictadura de Augusto Pinochet, en 1990, no es capitalizado
tampoco por la opositora Concertación, cuyos partidos sólo reciben entre
17 y 20 por ciento de apoyo.
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