El gobierno de Perón culmina con el proceso de expropiación del Grupo Bemberg

 

 Este proceso fue el conflicto más importante llevado adelante contra un conglomerado empresario en la Argentina.
 
Apoyado en una demanda impositiva, vinculada a la forma de organización del holding, Perón desplegó las fuerzas del Estado contra el grupo empresario. La nacionalización de las empresas constituyó también una respuesta simbólica a la década infame de 1930, que era recordada como un tiempo de humillaciones y frustraciones para el movimiento obrero.
 
El gobierno peronista creó una nueva Empresa del Estado. El control estatal de las empresas permitió al peronismo llevar adelante algunos de sus proyectos más ambiciosos con el traslado de la industria cervecera a una Cooperativa Sindical y la cesión del establecimiento yerbatero Puerto Bemberg a la Cooperativa Obrera 17 de Octubre.

En detalle

La historia del grupo Bemberg arrancó cuando el padre de la dinastía, Otto Peter, se estableció en Buenos Aires, en 1850, como banquero e industrial, para fundar 40 años después, en 1890 en Quilmes, la Brasserie Argentine S.A. (Cervecería Argentina), la primera cervecería del país.

Sostiene Claudio Belini en "La nacionalización de las empresas Bemberg" que en la historiografía sobre el peronismo, el affaire Bemberg ha sido presentado como expresión del poder concentrado por Perón o bien como una venganza personal de su esposa Evita.

En realidad, el caso Bemberg se inició en 1937 cuando una denuncia ante los tribunales de justicia condujo al gobierno nacional a iniciar un reclamo por la evasión del impuesto a la transferencia gratuita de bienes mediante la constitución de sociedades anónimas con residencia en el extranjero (tal vez una de las formas más utilizadas por los holding existentes en la Argentina).

La posterior paralización del trámite ordinario lejos de disminuir el interés de la opinión pública sobre el tema lo exacerbó hasta convertirlo en uno de los escándalos económicos más importantes de la restauración conservadora.

A partir de 1946, el nacionalismo económico alcanzó nueva fuerza cuando el gobierno peronista nacionalizó el Banco Central, los ferrocarriles franceses e ingleses, la compañía de teléfonos y el comercio exterior mediante la creación del IAPI.

Por entonces, la concentración económica y el desenvolvimiento de prácticas monopólicas estaban afectando a vastos sectores de la industria. Entre ellos, la cervecera ocupaba un lugar de importancia debido a que se trataba de un producto de consumo popular, cuya demanda crecía vertiginosamente desde finales del siglo XIX. Fue precisamente durante la entreguerra cuando se afianzó el control de esa industria por parte del grupo Bemberg.

Pero la ofensiva estatal se mantuvo en esos límites. Si bien Perón ensayó diversos instrumentos de contralor comercial y financiero de las grandes empresas, eludió la expropiación y la nacionalización de grandes sectores de la industria como la del cemento, los frigoríficos y, en gran medida, las compañías de electricidad.

En este sentido, la ofensiva de Perón contra el grupo Bemberg fue excepcional, especialmente porque éste se había convertido en un símbolo de la influencia política del poder económico antes del advenimiento de la Nueva Argentina.

Luego de la sanción de la ley 14.122 de 1952, que dispuso la liquidación del grupo Bemberg, el estado adquirió las empresas a precios viles. La nacionalización permitió al peronismo poner en marcha algunos de los objetivos más ambiciosos en el orden de la participación obrera.

El camino a la cooperativa obrera

La aplicación de la ley 14.122 y la decisión estatal adquirir las empresas del ex grupo Bemberg significó virtualmente el control público sobre la industria cervecera. En efecto, en enero de 1953, el estado adquirió cuatro de las firmas más importantes, a las que se sumarían a fines de 1954, otras seis. Las primeras cuatro empresas (Cervecería y Maltería Argentina, Cervecería Palermo, Cervecería Buenos Aires y Maltería Bella Vista) representaban el 88 % del personal empleado en la industria (unos 7.430 empleados) en ese entonces integrada por 16 plantas.

Al año siguiente, el estado adquirió Cervecería del Norte, Maltería y Cervecería Los Andes, Maltería y Cervecería Cuyo, Cervecería Schlau, Cervecería Santa Fe y Enrique Meyer Cervecería Córdoba. Con excepción de Schlau, las otras empresas habían finalizado el proceso inicial de liquidación previo a la sanción de la ley 14.122.

Sin embargo, dado que se trataba de sociedades constituidas con arreglo a leyes provinciales, el gobierno de Perón presionó a sus gobernadores quienes dieron marcha atrás en las medidas previas, colocando a las empresas en manos de la Justicia y, más tarde mediando licitaciones públicas, transfiriéndolas a manos de la CAB.

Junto a estas empresas, el estado se hizo cargo además de un conjunto de firmas vinculadas a la producción cervecera como la Cía. de Tranvías de Quilmes, constituida para el transporte de cerveza y pasajeros hacia la ciudad de Buenos Aires; Bilz, una fábrica de bebidas gaseosas; y dos empresas dedicadas a la elaboración de levadura, que se habían fusionado en la Cía. Argentina de Levaduras (CALSA).

La nueva orientación se inscribía en el intento oficial de limitar la intervención directa del estado en el sector industrial, pero a la vez recogía la iniciativa peronista -presente ya en el proyecto de ley de accionariado del trabajo de 1946- de alentar la participación obrera en las empresas.

El proyecto no avanzó hasta comienzos de 1955. En el ínterin, la CAB resultó adjudicataria de nuevas empresas cerveceras. A la vez, encomendó y recibió un informe legal que afirmaba que el traspaso del grupo cervecero a la FOCA no crearía las condiciones para la violación de la ley contra los monopolios, que había sido uno de los argumentos oficiales para la sanción de la ley 14.122.

La FOCA tenía personería jurídica y gremial; por lo tanto una finalidad acorde al bien público y contraría a la búsqueda de ganancias extraordinarias provenientes del control del mercado.

Por fin, el 4 de febrero de 1955, la CAB elevó el proyecto de bases y condiciones para la venta de las empresas al gremio cervecero. Por medio de éste, el gremio debía constituir una sociedad anónima denominada Fábricas Obreras Cerveceras Argentinas Sociedad

Anónima (FOCASA) que adquiriría trece empresas cerveceras y de actividades conexas.

Las empresas eran compradas con sus pasivos y sus activos, marcas, patentes y licencias de explotación, por una suma total de 300 millones de pesos. Por medio del artículo 4 se establecía que se abonaría sólo el 10 % dentro de los 90 días de concertado el acuerdo. El saldo sería cancelado por FOCASA mediante la emisión de obligaciones que, con una garantía especial de afectación de sus bienes inmuebles, serían adquiridas por el estado. Las obligaciones, con un interés anual de sólo el 4 %, debían ser amortizados en treinta cuotas anuales.

FOCASA se obligaba a prorratear entre los trabajadores hasta el 50 % de las acciones a medida en que éstos pudieran suscribirlas, ya sea por las utilidades que la empresa distribuiría entre los trabajadores o bien por el aporte voluntario de capital.

El acuerdo también establecía que la CGT y FOCA debían integrar las acciones con el 100 % de las utilidades obtenidas. Adicionalmente, se establecía que la totalidad de las acciones serían nominativas, con el objeto de identificar a sus verdaderos propietarios.

En conjunto, el convenio inicial establecía el accionariado del trabajo en las más importantes empresas cerveceras del país. Pero si bien se preveía el reparto de acciones entre los trabajadores, primaba el sistema de accionariado sindical con la propiedad del capital en manos de la central sindical nacional y del gremio cervecero.

Alentar el ingreso de capital extranjero

Luego del golpe militar de 1955, el gobierno de Aramburu anuló estos contratos, pero contrariamente a lo esperado por la familia Bemberg, no ordenó la devolución de los bienes. Ello ponía en evidencia que aún para los antiperonistas, la imagen que se tenía del papel del grupo Bemberg y de su influencia económica estaba cubierta de sospechas.

Por ello, el régimen militar recomendó el camino de la vía judicial al que consideraba liberado de cualquier influencia política luego del reemplazo de los miembros de la Corte Suprema peronista y la purga realizada sobre los tribunales federales.

Cuando el camino legal parecía haberse convertido en la única vía a través de la cual los intereses afectados por la nacionalización se verían compensados, el presidente Frondizi decidió devolver las empresas por medio de un acuerdo directo con la familia Bemberg.

La medida, que tenía lugar poco después de un nuevo recambio en la Suprema Corte de Justicia (el tercero desde 1947), tenía como meta resolver los conflictos que las nacionalizaciones peronistas habían generado a fin de crear las condiciones necesarias para alentar el ingreso de capital extranjero.