El presidente peruano, Ollanta Humala, anunció, en su primer mensaje a la Nación, tras juramentar en el cargo en una accidentada ceremonia, que dedicará sus esfuerzos a combatir la exclusión, la pobreza y la corrupción en su país, y que liderará la lucha contra el narcotráfico, tras convocar a una cumbre regional antidrogas.
Humala, comandante en retiro del Ejército, de 49 años, anunció que impulsará el crecimiento económico con inclusión social, así como un aumento progresivo del salario mínimo, que empezará en agosto con un incremento de 75 soles (unos 27 dólares) y otro monto igual en 2012, hasta llegar a los 750 soles (unos 249 dólares), prometidos en su campaña electoral, desde los 600 actuales.
"Los aumentos deberán propiciar un proceso continuo de
revalorización del salario ligado a la productividad del
crecimiento económico", declaró Humala, quien también prometió
cumplir un mandato fiel al respeto del estado derecho.
Además expresó su compromiso de "acabar con el lacerante
rostro de la exclusión y de la pobreza y construyendo un Perú
para todos", habló de una "patria inclusiva" como desafío y
planteó la necesidad de que "la corrupción sea sancionada".
Humala, fundador del partido Nacionalista, anunció su
intención de crear un impuesto a las ganancias extraordinarias
de mineras locales, así como impulsar la diversificación de la
matriz energética promoviendo la explotación del gas y la
construcción de hidroeléctricas.
En tal sentido, informó que se instalará un Consejo Económico
y Social en base al Acuerdo Nacional, el cual será dirigido por
el Ejecutivo e integrado por empresarios y representantes de la
sociedad civil.
El mandatario estuvo acompañado por 15 jefes de estado y de
gobierno, y el Príncipe de Asturias, mientras que estuvieron
ausentes por razones de salud su par de Venezuela, Hugo Chávez,
y de Paraguay, Fernando Lugo.
Humala, en un hecho sin precedentes, fue investido en una
accidentada ceremonia en el Congreso porque invocó la
Constitución de 1979 -no vigente- al jurar el cargo, actitud que
fue secundada por sus vicepresidentes, Marisol Espinoza y Omar
Chehade.
La mención de la carta política de 1979 generó prolongadas protestas por parte de la bancada fujimorista y, a su vez, la respuesta del bloque oficialista, que lo vivaba en señal de respaldo.
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