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AMPLIARMendoza deberá pagar 2 millones de dólares por los muertos en sus cárceles, en especial durante el gobierno de Cobos

Recordando a Cobos: Mendoza deberá pagar 2 millones de dólares por los muertos en sus cárceles

El Gobierno local informó detalles sobre el acuerdo que llegó con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El tratado "amistoso" fija la indemnización a los familiares de las víctimas de los abusos carcelarios ocurridos especialmente durante el gobierno radical.

El Ejecutivo pasó al frente con un arreglo laudal internacional y cerró el caso de las violaciones a las garantías ciudadanas que ocurrieron en todo el sistema penitenciario, en especial durante el gobierno del actual vicepresidente de la Nación Julio Cobos.

El acuerdo sacó al Estado nacional de una situación incómoda donde la OEA siempre estuvo por sancionar a la Argentina por violar acuerdos internacionales a los cuales el país adhiere.

Ahora, merced a una paciente tramitación el gobierno mendocino logró desactivar la acción contra el Estado y se zanjó el asunto mediante un laudo arbitral donde Mendoza deberá indemnizar a los familiares de las personas asesinadas que se emncontraban en situación de encierro además de las víctimas que terminaron con alguna discapacidad a causa del estado de las cárceles mendocinas. La mayoría de los casos ocurrieron durante el gobierno del radical Julio Cobos que antecedió al actual del peronista Celso Jaque.

El Ejecutivo enfatizó esta situación para cargar las tintas contra el actual vicepresidente y contra el senador Juan Carlos Jalif quien fue vicegobernador de Cobos y ahora aspira al mismo cargo acompañando a Roberto Iglesias.

Según los datos que aportó el subsecretario de Justicia Carlos Quiroga Nanclares, fueron 18 muertos, 9 heridos y por los cuales, Mendoza produjo este laudo y logró que la indeminización a los familiares de las víctimas se redujera 2,2 millones de dólares.

La provincia también se había visto obligada a cumplir con medidas no pecuniarias como eran el defensor de ejecución penal cargo que ya está en vigencia. También fue una exigencia el protocolo contra las torturas y el procurador penitenciario que ya es ley y próximamente estará reglamentado.

Los argumentos oficiales los dieron Quiroga Nanclares y la directora de Derechos Humanos, María José Ubaldini. Ambos remarcaron las distintas actuaciones de los dos últimos gobiernos en materia carcelaria para diferenciar, a la vez, los resultados de las gestiones, una de las molestias que acusa el oficialismo  más en esta época preelectoral.

Pero en el caso de la política penitenciaria es evidente que el gobierno de Jaque está mejor parado con respecto al de Cobos. 

Fuente MDZ