75 Años después, la Guerra Civil española despierta aún el debate en España

La Guerra Civil española (1936-1939), la mayor tragedia del país en el siglo XX de cuyo detonante se cumplen 75 años, sigue despertando debate en la España actual que la mira, no obstante, con distanciamiento.

La insurrección militar contra el gobierno de II República, que fue el detonante del conflicto armado, comenzó el 17 de julio en la ciudad de Melilla (norte de África), aunque oficialmente se sitúa el 18 de julio, cuando la sublevación se expandió a otros puntos.

El aniversario es recordado por la mayoría de los medios españoles que rememoran aquellos momentos que marcaron la historia reciente de España.

El diario "La Razón" publicó, ayer, una encuesta sobre la opinión de los españoles acerca de la contienda, realizada por la empresa NC Report con 600 entrevistas telefónicas.

Un 46,3 por ciento de los encuestados considera que 75 años después del estallido de la guerra, la sociedad española ya ha superado aquel enfrentamientos, mientras que un 44,8 cree que no y un 8,8 no sabe o no contesta.

Según el diario, lo más significativo de esa igualada cifra es que los que piensan que la sociedad todavía no ha superado el enfrentamiento tienen más de 65 años en un 55,4 por ciento, frente al 34,4 % que tienen entre 18 y 29 años.

El porcentaje es mucho más claro ante la pregunta de si hay que dejar definitivamente atrás la Guerra Civil, a la que un 90,2 por ciento respondió que sí, y solo un 6,7 por ciento dijo no.

La contienda, que costó al menos medio millón de muertos y supuso el exilio para miles de españoles, todavía genera controversia y no solo entre los historiadores.

Una muestra de ello es la polémica surgida a raíz de la aprobación de la Ley de la Memoria Histórica, aprobada el 31 de octubre de 2007 por el Parlamento, que fija las medidas de reconocimiento a las víctimas de la Guerra Civil y ordena la retirada de los símbolos del franquismo.

La ley fue aprobada con el rechazo del Partido Popular (PP, centroderecha), el principal partido de la oposición en España, que considera que divide a la sociedad y es contraria al espíritu conciliador que guió la Transición a la democracia.

Uno de los puntos más polémico, que ha generado un gran debate, es la apertura de las fosas donde fueron enterradas las personas asesinadas durante la contienda.

El juez Baltasar Garzón, que cobró fama mundial al ordenar en 1998 la detención del ya fallecido exdictador chileno Augusto Pinochet, autorizó la apertura de fosas para exhumar restos de desaparecidos al considerar que se habían cometido delitos contra la Humanidad.

Pero, la decisión de Garzón fue paralizada por la Audiencia Nacional española, que le acusa de prevaricación por ignorar la Ley de Amnistía de 1977, por lo que será juzgado y ha sido suspendido y apartado como magistrado de ese alto tribunal español.

La decisión del juez de abrir las fosas comunes, incluida una en la que se suponía que estaba enterrado el poeta Federico García Lorca, causó una gran polémica política y social entre los partidarios y los detractores que creen que no contribuye a cicatrizar las heridas.

Otro elemento de discordia ligado a la Guerra Civil es el futuro del Valle de los Caídos, el monumento más emblemático del franquismo, situado a unos 50 kilómetros de Madrid, y que fue construido por presos republicanos, cerrado por reformas en la actualidad.

El Gobierno español avanzó el pasado mes de junio que contempla la retirada de los restos de Francisco Franco del enorme mausoleo si la comisión de expertos que estudia su futuro así lo propone.

El Valle de los Caídos comenzó a edificarse en 1940 y en su construcción trabajaron miles de prisioneros republicanos, junto con obreros y presos comunes.

Allí reposan los restos mortales de 33.846 combatientes de ambos bandos, junto a los de Franco y José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange Española.

El presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva, dijo ayer, a Efe que las víctimas del franquismo están siendo "maltratadas" por el Estado, cuando debería ser el primero en cuidar su memoria y ayudar a los familiares.

En el 75 aniversario del levantamiento militar que originó la Guerra Civil, Silva opinó que "el pasado pesa enormemente sobre la política española" y ve "triste" que después de tantos años el Estado no haya resuelto aún muchos problemas y que, en democracia, queden fosas comunes y ningún presidente del Gobierno haya celebrado un acto público de homenaje a las víctimas.