El voto negativo de un senador del Partido Comunista a un proyecto de ley para la asociación entre capitales públicos y privados marca un nuevo escalón en la crisis del Frente Amplio, coalición en el gobierno, que ameritará la intervención del presidente José Mujica.
El senador Eduardo Lorier se negó a votar el miércoles un proyecto de ley que habilita la participación de privados junto con el Estado en obras de infraestructura y el Frente Amplio volvió a quedar en minoría en la cámara alta, aunque la iniciativa igual fue aprobada con los votos de los partidos de oposición, Blanco y Colorado, conservadores.
La desobediencia de un legislador oficialista al mandato de
la bancada, reitera una situación que se planteó en abril y
mayo, cuando un senador primero y un diputado después, se
negaron a votar la anulación de la Ley de Caducidad, que da
impunidad a militares y policías que violaron los derechos
humanos durante la dictadura.
El diputado del Frente Amplio, Carlos Varela, dijo a ANSA
que este caso "es más importante que los dos anteriores, dado
que el Partido Comunista es un sector tradicional de la
izquierda".
Además, Lorier y su fuerza, fueron sancionados por la
coalición hace recién 10 días por votar en 2008 en contra de la
Ley de Educación que impulsaba el gobierno de Tabaré Vázquez.
Varela confirmó que la situación será analizada por las
cabezas de los sectores con Mujica, aunque descartó que se
llegue a una situación de ruptura con el Partido Comunista.
"Si el Partido Comunista hace gala de su propia historia, el
problema se va a arreglar", aventuró el diputado.
El nuevo punto de crisis por decisiones de los legisladores
en contra del mandato de la bancada, obligó al Frente Amplio a
suspender un Plenario que estaba previsto para el sábado.
El desacato de Lorier se basó en una decisión del Partido
Comunista, que se pronunció en contra de que capitales privados
participen en obras públicas, una posición que es respaldada
también por la central obrera PIT-CNT.
El voto en contra de un legislador oficialista a un proyecto del gobierno, se suma a los casos del senador Jorge Saravia, ahora escindido del Frente Amplio, y del diputado Víctor Semproni, quien será enviado al Tribunal de Conducta Política, que rechazaron anular la Caducidad.
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