La dictadura asesinaba a cinco religiosos en la Masacre de San Patricio

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El caso

En Argentina, según los informes de CONADEP y del Servicio Fe y Solidaridad del MEDH de Chile y otros estudios, se han contabilizado 18 sacerdotes, 10 seminaristas, 2 religiosas y 39 laicos asesinados. También un obispo, mons. Enrique Angelelli, de La Rioja, resultó asesinado en un accidente simulado y en el caso de mons. Ponce de León, de S. Nicolás existen sospechas firmes de que el accidente automovilístico que le costó la vida, también haya sido provocado (viajaba a Buenos Aires llevando una carpeta con graves denuncias de desparecidos en Villa Constitución). Todas estas personas se jugaron en tiempos difíciles y ofrecieron su vida por amor a Cristo y a los pobres, en la línea de las opciones de la Iglesia después del Concilio y Medellín.

Estos datos son sin embargo muy limitados ya que se trata de mártires olvidados y la lista de los laicos se refiere casi sólo a Buenos Aires y muy pocas comunidades. Se trata en general de catequistas como Mónica María Mignone, hija del autor de "Iglesia y Dictadura" secuestrada con todo el grupo pastoral que trabajaba en el Bajo Flores con el padre Orlando Iorio y el padre Francisco Jalics, o de Daniel Esquivel del Equipo de Pastoral de Paraguayos (EPPA) defendido públicamente en carta pastoral por el obispo de Lomas de Zamora mons. Desiderio Collino, o de María del Carmen Maggi, decana de Humanidades de la Universidad Católica de Mar del Plata...

 En la madrugada del 4 de julio de 1976, grupos de tareas de la dictadura militar penetraron en la comunidad de los Padres Palotinos en la Parroquia San Patricio del Barrio Belgrano de Buenos Aires, maniataron a los religiosos (3 sacerdotes y 2 seminaristas) uno junto al otro, los golpearon y los fusilaron por la espalda. Dos días antes había estallado una bomba en la Superintendencia de Seguridad Federal matando a 15 policías. Se dijo que este asesinato y otros eran la respuesta de la fuerza de seguridad. Pero... ¿por qué una comunidad religiosa? Dichos religiosos se destacaban por su gran sensibilidad social y el párroco, padre Kelly, había sabido mover a la juventud hasta llegar a formalizar 9 grupos juveniles. Los religiosos eran todos argentinos, excepto Barbeito que a los 3 años de edad había venido de España. La predicación dominical reflejaba las ansias de justicia social y de respeto de los derechos humanos que enseñaba la Iglesia; y esto, justamente en un barrio donde se concentraba gran parte de la oligarquía porteña.

En el caso de los palotinos, el terrorismo de estado golpeó con saña a los que no tenían nada que ver con las organizaciones armadas, movido por la ideología de la seguridad nacional. El padre Favre, en nombre de la Conferencia de Religiosos, durante la Misa de cuerpo presente concelebrada por 150 sacerdotes y presidida por el obispo auxiliar de Buenos Aires, monseñor Guillermo Leaden, hermano de uno de las víctimas, denunció "las innumerables muertes y desapariciones de las que nadie sabe dar razón y que constituyen una injuria a Dios y a la Humanidad".

El 7 de junio de 1976 el cardenal Aramburu y el nuncio, monseñor Pío Laghi visitaron la Junta Militar pidiendo explicaciones. El gobierno, que había acusado en un primer momento a "elementos subversivos" por la masacre, llegó a admitir tan sólo que se trataba de grupos militares salidos de control. En aquella oportunidad el cardenal y el nuncio llevaron una carta de la Conferencia Episcopal: "Nos preguntamos, o mejor dicho la gente se pregunta a veces sólo en la intimidad del hogar o del círculo de amigos, porque el temor también cunde: -qué fuerzas tan poderosas son las que con total impunidad y con todo anonimato pueden obrar así a su arbitrio? -Qué garantía, qué derecho le queda a los ciudadanos?"

Investigación periodística de Eduardo Kimel

En 1989 el periodista Eduardo Kimel publicó el libro La masacre de San Patricio, editado por Lohle-Lumen, donde reúne decenas de testimonios directos, documentos periodísticos de la época y los elementos de prueba reunidos por las investigaciones judiciales inconclusas, para realizar un exahustivo relato del crimen y sus autores materiales e intelectuales, así como del papel jugado por el Poder Judicial y la Iglesia Católica.

La investigación de Kimel sostiene que el crimen fue cometido por un grupo de tareas integrado por el teniente de navío Antonio Pernías, el teniente de fragata Aristegui, el suboficial Cubalo y Claudio Vallejos, y que resultó encubierto desde el Estado, incluyendo el Poder Judicial, con complicidad de la Iglesia Católica.

En 1991 Kimel fue denunciado por injurias, por el juez Guillermo Rivarola, quien estuvo a cargo del caso durante la dictadura militar, debido a un breve párrafo incluido en el libro, donde el periodista opina críticamente sobre su desempeño durante la investigación judicial. Kimel resultó condenado en primera instancia a un año de prisión en suspenso y a pagar al juez Rivarola 20.000 dólares, en un fallo dictado por la jueza Ángela Braidot. La Cámara dejó sin efecto el fallo, pero la Corte Suprema dejó a su vez sin efecto la decisión de segunda instancia y ordenó condenar al periodista, en los términos de la sentencia inicial.

La condena de Kimel generó un escándalo internacional que llevó a una denuncia de Kimel, asesorado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2001. La CIDH hizo suya la denuncia y la presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2004, que falló en 2008, ordenando al Estado argentino a dejar sin efecto la condena contra Kimel.

Como consecuencia directa del fallo internacional, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, presentó en 2009 un proyecto de ley despenalizando las calumnias e injurias en casos de opiniones de interés público. El proyecto fue aprobado el 18 de noviembre de ese mismo año como ley y es conocido como Ley Kimel. Pocos dias después, falleció el periodista Eduardo Kimel con apenas 48 años