Militares acusados de violar los derechos humanos durante la última dictadura militar uruguaya (1973-1985) impugnarán un decreto del presidente José Mujica, que abre las puertas para juzgar alrededor de 88 crímenes cometidos por el régimen y que estaban amparados en la Ley de Caducidad.
El decreto de Mujica, firmado el lunes cuando se cumplieron 38 años del golpe de Estado y que entrará a regir el jueves, revoca los actos administrativos de gobiernos anteriores, que habían incluido esos casos en la Ley de Caducidad, que da impunidad a militares y policías acusados de cometer crímenes de lesa humanidad durante el régimen.
"Intentaremos por todos los medios jurídicos con todo lo que
esté a nuestro alcance de rebatir lo que digan, incluso
solicitar la inconstitucionalidad", dijo hoy Emilio Micolick,
abogado de militares procesados por violaciones a los derechos
humanos.
Por su parte, el también defensor de militares Miguel Langón
consideró que "una vez más se ve la inseguridad jurídica, la
cantidad de cambios permanentes" en la legislación sobre esta
materia.
No obstante el rechazo de los militares al decreto y su
anuncio que recurrirán la disposición del Ejecutivo, es difícil
que puedan prosperar reclamos ante la realidad jurídica que se
abre.
"No me parece que se pueda pedir la inconstitucionalidad, a lo sumo podrán recurrir ante Tribunal de lo Contencioso Administrativo, dado que el decreto no es un acto judicial ni una ley que pueda ser catalogada de inconstitucional", explicó a ANSA la fiscal Mirtha Guianze, que entiende en la causa de violaciones a los derechos humanos.
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