El presidente uruguayo, José Mujica, resolvió ayer anular los actos administrativos que amparaban casos de violaciones de derechos humanos durante la dictadura en la Ley de Caducidad y que por lo tanto impedían su juzgamiento.
El decreto de Mujica, firmado el día en que se cumplen 38 años del golpe de Estado, puede permitir la reapertura de unos 88 casos de crímenes cometidos por el régimen militar (1973-1985) y que hasta ahora no podían ser juzgados.
El secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, informó que el decreto establece que se pueden "revocar por razones de legitimidad todos los actos administrativos dictados por el Poder Ejecutivo en aplicación del artículo tercero de la 15.848 (Ley de Caducidad) que consideraron en su oportunidad estaban comprendidos en la aplicación de dicha ley".
Con este decreto "estamos cumpliendo primero con el mandato
ético, pero además con lo que establece la sentencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos", dijo en referencia a cuanto
había exigido anular la Caducidad del ordenamiento jurídico
uruguayo.
Breccia aclaró además que le corresponderá ahora al Poder Judicial resolver sobre la apertura o el archivo de cada causa.
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