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Ex combatientes de Malvinas querellarán al Reino Unido por crímenes de guerra

Ex combatientes de la guerra de Malvinas querellarán al Reino Unido por crímenes de guerra al haber obligado a soldados capturados a trasladar municiones durante el conflicto bélico, hecho por el que murieron tres uniformados argentinos.

El ex soldado y apoderado de la Comisión de Familiares de caídos, César Trejo, dijo a Télam que las principales pruebas que tienen para la causa no sólo son los testimonios de los ex combatientes que fueron prisioneros, sino que también hay un acta firmada por cuatro oficiales argentinos y uno inglés, labrada luego de la explosión.

El documento fue elaborado el 1 de junio de 1982 y constata que uno de los fallecidos fue ejecutado de un tiro, mientras el cuerpo se le prendía fuego a causa del fósforo que lo había bañado.

El hecho sucedió al tercer día que el regimiento 12 -oriundo de Corrientes- fuera capturado en Darwin.

Raúl Vallejos, un chaqueño que con 19 años hacía la colimba en la ciudad correntina de Mercedes, fue uno de los sobrevivientes, pero pese salir con vida perdió una pierna y estuvo 23 meses rondando hospitales porteños y un buque británico.

"Al tercer día de estar capturados, (los ingleses) pidieron 20 soldados para levantar los cuerpos de los muertos del campo de batalla. A las tres horas pidieron otros 20 para recoger los cajones de municiones. Los teníamos que trasladar cerca de 300 metros", relató a Télam Vallejos.

"Faltando poco para terminar, un soldado levantó una caja y explotó. Murieron los tres que estaban cerca y a mí me arrancó la pierna", dijo el ex combatiente, quien se encontraba en Buenos Aires a la vuelta de su paso por La Plata, donde viven sus nietos.

Vallejos no perdió nunca el conocimiento. Recuerda que al instante de la explosión, se acercaron enfermeros que le aplicaron un torniquete en la pierna y lo llevaron en un helicóptero a un buque enfermería.

Allí estuvo internado 18 días y le realizaron las primeras curaciones.

Los muertos de este incidente fueron los soldados Martín Flores y Rafael Barrios, y José Ferraú, quien murió ejecutado por un oficial inglés mientras se prendía fuego.

"La verdad es que a partir de allí ellos me trataron muy bien. Se preocupaban por ponerme anestesia para que no sintiera dolor", señaló quien hoy vive todavía en Chaco y vende gorras, llaveros y remeras que recuerdan la guerra conducida por el dictador Leopoldo Galtieri.

Los oficiales ingleses no obligaron directamente a los soldados argentinos a colaborar, sino que, según testimonios con los que cuenta Trejo, amenazaron a los jefes argentinos de dejarlos "sin agua y sin alimentos".

"Según la ley internacional que regula los conflictos armados, un prisionero de guerra puede colaborar por propia voluntad, pero no ser obligado a realizar tareas que le competen al enemigo", aseguró el representante.

La investigación fue activada luego de la publicación en 1992 del libro "Excursión al infierno" del ex cabo inglés Vincent Bramley en el que el ex oficial británico denuncia ejecuciones a prisioneros argentinos.

En el año 1993 se formó la Comisión Investigadora de Crímenes de Guerra Británicos en el conflicto armado del Atlántico Sur, con sede en el Ministerio de Defensa, cuyo dictamen se produjo en 1994, donde se analizó que sí constituyó un acto violatorio lo relatado por Vallejos.

La comisión nunca se formó y la investigación sólo contó con la colaboración de abogados que comenzaron a rescatar testimonios.

En 1999, Vallejos se trasladó junto a otros ex combatientes a la ciudad fueguina de Río Grande, encargada de los delitos sucedidos en las islas, a radicar la denuncia.

Los avatares políticos, económicos y sociales que vivió Argentina en 2001, explicó Trejo, hicieron que este reclamo judicial cayera en punto muerto.

En la actualidad, la Comisión se encuentra en la búsqueda de un abogado matriculado en Reino Unido para poder avanzar con la causa en esas tierras, pero ya cuenta con otro letrado que asesorará a los veteranos en la Europa continental.

Trejo dijo que las alternativas son dos: primero radicar la denuncia en Londres, y en el caso que las autoridades británicas se negaran a investigar, acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en Estrasburgo (Francia).