El arzobispo de Santiago y presidente de la Conferencia Episcopal de Chile, Ricardo Ezzati, sostuvo ayer que, tras el fin de la huelga de hambre que cuatro comuneros mapuche mantuvieron por 87 días, ahora queda en manos del gobierno modificar la ley Antiterrorista, aplicada en su contra.
El prelado afirmó a radio Cooperativa que la solución se logró gracias a los propios comuneros, a sus familiares, a la Iglesia Católica, a entidades de derechos humanos y al aporte del alto comisionado de Naciones Unidas.
La ley Antiterrorista aplicada contra los mapuches fue
impuesta por la dictadura militar (1973-1990) y jamás modificada
en democracia. Prevé procedimientos especiales contra los
acusados, como testimonios de personas sin rostro después usados
como prueba.
Según Ezzati, "ahora le toca al Estado. El presidente
(Sebastián Piñera, NDR) se comprometió el 21 de mayo a buscar
una nueva Ley Antiterrorista que proteja y no vulnere los
derechos fundamentales de las personas".
"Hay que buscar una nueva ley y tiene que estar implicado el Poder Legislativo, junto con el Ejecutivo, para que no vuelva pasar en el futuro lo que ha pasado en este caso", recalcó.
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