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08/06/2011 - La Ley prohíbe los desalojos

Amnistía Internacional preocupada por Comunidad Quilmes de Tucumán

La organización Amnistía Internacional reclamó ayer una acción urgente para evitar el desalojo de la Comunidad Indígena Quilmes de Colalao del Valle de la tierra en la que habitan en el norte de la provincia de Tucumán y que es pretendida por una empresa.

Un juez denegó el pasado 30 de mayo una petición de la comunidad para que se detuviera una orden de desalojo.

Representantes de los Quilmes presentaron el 1º de junio una denuncia formal contra el juez, acusándolo de "falta de cumplimiento de los deberes a su cargo" y de adoptar una resolución arbitraria a favor de la empresa.
   
Además, el pasado 29 de abril efectivos policiales, acompañados de un juez local, llegaron al lugar con la intención de desalojar a la comunidad y se produjo un enfrentamiento que dejó heridos entre los aborígenes y las fuerzas del orden.
   
Esta no fue la primera vez que los Quilmes estuvieron ante un inminente desalojo: el 17 de septiembre de 2009 y el 5 de enero de 2010 ya habían sido expulsados de las cuatro hectáreas que reclaman y por las cuales también pelea una empresa, pero en ambas ocasiones volvieron a ocupar la tierra unos días después.
   
"[Las autoridades] nos han desalojado un montón de veces. Llevamos tiempo organizándonos, ocupando tierras ancestrales. Hay intereses de afuera, de afuera del país, que no son lugareños. En el pasado no había tanto apoyo de los políticos a los terceros. Nosotros nos encontramos encerrados", explicó Francisco "Pancho" Solano Chaile, cacique de los Quilmes.
   
La ley 26.160 y su posterior prorrogación hasta el 2013 a través de otra ley, prohíben todo tipo de desalojo de las comunidades indígenas.
   
Además, declaran la emergencia en materia de posesión de tierras y ordenan realizar un relevamiento técnico, jurídico catastral de las tierras indígenas.
   
Amnistía Internacional expresó su preocupación por el incremento de los ataques, ya sean desalojos, intimidaciones o amenazas hacia las comunidades que luchan para defender sus tierras ancestrales.
   
En un comunicado dirigido al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio César Alak y al gobernador Alperovich, manifestaron su preocupación por "el peligro de que cuatro familias de la Comunidad Indígena Quilmes de Colalao del Valle sean objeto de un nuevo desalojo forzoso"    

El pueblo indígena Quilmes se compone de unas 3.000 personas, la mayoría de las cuales viven en la provincia de Tucumán, en el norte de Argentina. La de Colalao del Valle es una de las comunidades quilmes más grandes, con aproximadamente 1.000 habitantes.
   
La presión sobre las tierras ancestrales de las comunidades indígenas podría intensificarse en la Argentina a medida que se acerca la fecha límite del relevamiento de tierras indígenas, advirtió Amnistía.


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