La organización Amnistía Internacional reclamó ayer una acción urgente para evitar el desalojo de la Comunidad Indígena Quilmes de Colalao del Valle de la tierra en la que habitan en el norte de la provincia de Tucumán y que es pretendida por una empresa.
Un juez denegó el pasado 30 de mayo una petición de la comunidad para que se detuviera una orden de desalojo.
Representantes de los Quilmes presentaron el 1º de junio una denuncia formal
contra el juez, acusándolo de "falta de cumplimiento de los deberes a su cargo"
y de adoptar una resolución arbitraria a favor de la empresa.
Además,
el pasado 29 de abril efectivos policiales, acompañados de un juez local,
llegaron al lugar con la intención de desalojar a la comunidad y se produjo un
enfrentamiento que dejó heridos entre los aborígenes y las fuerzas del
orden.
Esta no fue la primera vez que los Quilmes estuvieron ante un
inminente desalojo: el 17 de septiembre de 2009 y el 5 de enero de 2010 ya
habían sido expulsados de las cuatro hectáreas que reclaman y por las cuales
también pelea una empresa, pero en ambas ocasiones volvieron a ocupar la tierra
unos días después.
"[Las autoridades] nos han desalojado un montón de
veces. Llevamos tiempo organizándonos, ocupando tierras ancestrales. Hay
intereses de afuera, de afuera del país, que no son lugareños. En el pasado
no había tanto apoyo de los políticos a los terceros. Nosotros nos encontramos
encerrados", explicó Francisco "Pancho" Solano Chaile, cacique de los
Quilmes.
La ley 26.160 y su posterior prorrogación hasta el 2013 a
través de otra ley, prohíben todo tipo de desalojo de las comunidades
indígenas.
Además, declaran la emergencia en materia de posesión de
tierras y ordenan realizar un relevamiento técnico, jurídico catastral de las
tierras indígenas.
Amnistía Internacional expresó su preocupación por
el incremento de los ataques, ya sean desalojos, intimidaciones o amenazas hacia
las comunidades que luchan para defender sus tierras ancestrales.
En
un comunicado dirigido al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio César
Alak y al gobernador Alperovich,
manifestaron su preocupación por "el peligro de que cuatro familias de la
Comunidad Indígena Quilmes de Colalao del Valle sean objeto de un nuevo desalojo
forzoso"
El pueblo indígena Quilmes se compone de unas 3.000
personas, la mayoría de las cuales viven en la provincia de Tucumán, en el norte
de Argentina. La de Colalao del Valle es una de las comunidades quilmes más
grandes, con aproximadamente 1.000 habitantes.
La presión sobre las
tierras ancestrales de las comunidades indígenas podría intensificarse en la
Argentina a medida que se acerca la fecha límite del relevamiento de tierras
indígenas, advirtió Amnistía.
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