La sanción del proyecto que impone la tipificación del lavado de activos como delito autónomo será la cuestión principal que tratará el pleno de la Cámara alta este miércoles, en una sesión cuyo horario y temario se definirán este martes en la reunión de Labor Parlamentaria que se realizará, seguramente al mediodía, en el despacho del vicepresidente de la Nación y titular del Senado, Julio Cobos.
Si la iniciativa no se convierte en ley, Argentina podría recibir severas sanciones por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que se reunirá en México el 20 de junio.
Este tema obtendrá el dictamen de mayoría este martes durante una reunión que realizará la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, a partir de las 14, en el Salón Arturo Illia del Parlamento.
Justamente la presidenta de la comisión, que es la senadora del Peronismo Federal Sonia Escudero, envió hace más de una semana un borrador de norma correctiva para el proyecto sobre lavado de dinero: muchos legisladores, además de haberse comprometido a sancionar una ley este miércoles en relación con el tema, esperan que también se pueda avalar –no necesariamente en la misma sesión- el texto de la salteña, para terminar de “pulir” la iniciativa.
La ley correctiva apunta a modificar las sanciones; los profesionales obligados a informar operaciones sospechosas (para que sólo se incluya aquellos que específicamente sugiere el GAFI en sus recomendaciones); y atender los reclamos de las automotrices y aseguradoras, de modo que deban informar aquellos que realicen venta directa al público.
Algunos puntos de la iniciativa sobre lavado de activos:
- El proyecto avalado por la Cámara baja impone la tipificación del lavado de activos como delito autónomo y elimina la restricción que une esa figura con el encubrimiento de acciones ejecutadas por terceros, algo que impide la persecución penal del comúnmente llamado “autolavado”;
- La iniciativa también contempla la suba de los montos de punibilidad del tipo penal a 300.000 pesos. Además, el que realice una maniobra de lavado inferior a 300.000 pesos, tendrá la misma pena que el encubrimiento;
- En cuanto a la UIF, el proyecto prevé la autonomía y autarquía financiera de la entidad. Para las designaciones, se deberán hacer concursos públicos en el ámbito del ministerio de Justicia de la Nación, y el Poder Ejecutivo podrá remover al presidente y vicepresidente de la UIF en caso que los mismos incurran en mal desempeño de sus funciones o en grave negligencia;
- Otro de los puntos destacados es que se prohíbe iniciar investigaciones de oficio -o a partir de los reportes automáticos- y, en el caso de la UIF, no podrá querellar, mientras que el plazo para presentar informes sobre operaciones sospechosas se extendió de 30 a 150 días corridos.
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