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AMPLIARVista aérea de una zona deforestada de la Amazonia brasileña

Sector agrario avanza para flexibilizar la protección de bosques en Brasil

El poderoso sector agropecuario brasileño se adjudicó una victoria la noche del martes frente a los ambientalistas al aprobar la Cámara de Diputados una reforma que flexibiliza el Código Forestal, la ley que protege los gigantescos bosques ante el avance agrícola.

"La Cámara de Diputados transformó la ley que protege los bosques en una legislación que incentiva la deforestación y la expansión desenfrenada de la agricultura y la pecuaria", denunció la ONG Greenpeace.

Ambientalistas, asociaciones científicas y diez ex ministros del Medio Ambiente intentaron hasta último minuto frenar la reforma.

"La agropecuaria brasileña celebra el avance realizado", manifestó la presidenta de la Confederación Nacional de la Agricultura, Katia Abreu.

La votación fue considerada la primera derrota de la presidenta Dilma Rousseff en el Congreso, donde, a pesar de tener una amplia mayoría, el lobby ruralista consiguió dividir al oficialismo.

La polémica reforma pasa ahora al Senado. La ministra de Medio Ambiente, Izabella Teixeira, advirtió que la presidenta podrá vetar puntos que puedan llevar a aumentar la deforestación.

El Código Forestal data de 1965 y limita el uso agrícola de tierras, obligando a los propietarios en áreas de bosque a mantener una parte intacta, que llega a 80% en la Amazonía.

La medida más polémica de la reforma es la legalización de áreas deforestadas ilegalmente hasta julio de 2008 y que permite la actividad agrícola en zonas clave para el equilibrio ecológico, como márgenes de ríos. "Es una amnistía que da el mensaje de que el delito ambiental no se castiga, y eso impulsará más la deforestación", dijo a la AFP Paulo Adario, de Greenpeace.

La reforma fue impulsada por el poderoso sector agrario, ávido por ampliar la frontera agrícola y acosado por el rigor de la ley ambiental. Ese sector denuncia que el aumento de los rigores del código en los últimos años estrangula la agropecuaria, que para cumplir esa ley tendría que reforestar 602.500 km2 de bosque, a un costo de más de 300.000 millones de dólares.

El gobierno intentó convertir la reforma en una puesta al día de los agricultores con su deuda ambiental, aceptando una flexibilización a cambio de que se reforeste al menos una parte de la selva destruida, garantizando su protección futura.

"El código necesitaba ser cambiado, le faltaban mecanismos que estimulen el esfuerzo de conservación y hasta se podía flexibilizar un poco en áreas menos sensibles. Lo que no se podía era esta amnistía a quien deforestó en el pasado", dijo a la AFP el analista del Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonía (IPAM), Paulo Moutinho.

La reforma llega cuando la agropecuaria brasileña se ha convertido en una de las mayores del mundo, y también coincide con una sensible reducción del ritmo de deforestación amazónica, que alcanzó un máximo de 27.000 km2 en 2004 y cayó a 6.500 km2 en 2010.

En los últimos meses, sin embargo, la deforestación volvió a dispararse, y los ambientalistas aseguran que se debe a que los agricultores ya dan por segura la flexibilización del código forestal.

Ese aumento de la deforestación coincide con el asesinato a tiros el martes de una pareja de defensores de la Amazonía, José Claudio Ribeiro da Silva y su esposa, Maria do Espírito Santo da Silva, que habían denunciado a madereros y deforestadores clandestinos en el estado amazónico de Pará.

"La vida de las personas y los bienes de la naturaleza no valen nada cuando son considerados obstáculos al crecimiento económico que defienden los legisladores que aprueban leyes que promueven una mayor destrucción del medio ambiente", denunció la Comisión Pastoral de la Tierra de la Iglesia Católica.

El avance de la agropecuaria, madereras y la minería ilegales convirtieron a Brasil en el quinto mayor emisor de gases nocivos del planeta.

El gigantesco país de 8,5 millones de km2 tiene 5,3 millones de km2 de selvas y bosques, de los que sólo 1,7 millones están bajo la protección del Estado, y el resto en tierras de productores rurales o sin propiedad definida.