12/05/2011 - Primer caso de trata en Catamarca

Cinco años de prisión a dos imputados por obligar a una tucumana a prostituirse

Luego de 10 horas de debate, el Tribunal Oral Federal de esa ciudad, condenó aanoche por unanimidad a José Luís Villagra y Carlos Aurelio Palacios, a cinco años de prisión efectiva cada uno, acusados del delito de "trata de personas". Además deberán pagar una multa de $3.000 cada uno.

El Tribunal, integrado por los jueces Adolfo Raúl Guzmán, Martín Rodríguez Sein y Luís Eduardo López, coincidió en que Villagra y Palacios, son responsables de ese delito "por obligar a una menor a ejercer la prostitución" en la ciudad de Tinogasta, a unos 280 kilómetros al oeste de la capital.

La resolución, dice que Villagra y Palacios deberán cumplir cinco años de prisión efectiva y pagar una multa de 3.000 pesos cada uno.

El debate se desarrolló en la sede del Tribunal Oral Federal de la provincia, y declararon nueve testigos, entre los que se encontraban el padre de la víctima y la misma menor, oriunda de Tucumán, quién "ratificó todo lo declarado en el expediente".

La joven, que en ese momento, febrero del 2009, tenía 17 años, denunció que fue engañada y llevada a trabajar como “copera” en la whiskería denominada “La Torre”, que funcionaba en el centro de esa ciudad, donde la obligaron a mantener sexo con los clientes bajo la amenaza de hacerle daño a su familia.

En marzo la adolescente logró escapar del prostíbulo con la ayuda de un tercero y realizó la denuncia ante la policía, tras lo cual regresó a su provincia.

Carlos Aurelio Palacios, dueño de La Torre, fue procesado por el hecho en marzo del año pasado junto a José Villagra, quien reclutó a la chica en su ciudad de origen.

Al tratarse de un comercio habilitado, se investiga la actuación de policías locales, a quienes, además, la menor habría señalado como sospechosos.

Este es el tercer juicio oral tras la normativa que se desprendió de la necesidad de contar con una legislación más amplia, que además de abarcar la corrupción de menores, incluyera otras figuras como la explotación laboral en general, siempre que medie algún engaño, abuso o violencia, aún cuando existiese consentimiento de la víctima.

El Fiscal Federal, Víctor Manuel Monti, dijo que "es muy difícil poder establecer cuándo se trata de una violación a la libertad, porque es confuso saber exactamente en donde hay amenazas y en donde existe un consentimiento del hecho".

"De todas maneras en este caso se trata de una menor, y la ley establece que ella no pudo decidir por sí sola”, aseguró. (Télam)