Entidades de derechos humanos anunciaron que pretenden denunciar ante la Organización de Estados Americanos (OEA) al estado brasileño por ejecuciones cometidas en mayo de 2006 por parte de la policía paulista, en el marco de la represión a los ataques perpetrados por la organización criminal Primer Comando de la Capital (PCC).
"Vamos a acudir a la OEA para que condene al estado de Sao Paulo y al Estado brasileño", dijo a ANSA Deborah María da Silva, coordinadora del grupo Madres de Mayo, formado por familiares de varios de los 466 civiles muertos tras los ataques del PCC.
El PCC, banda surgida en los presidios que domina el crimen organizado y el tráfico de drogas en el estado de Sao Paulo, lanzó hace cinco años, el 12 de mayo de 2006, una serie de ataques contra bancos, supermercados y comisarías. Fue la única vez que la ciudad más grande de América del Sur paró aterrorizada por los atentados. El PCC mató a 43 agentes de seguridad, entre policías, bomberos y guardiacárceles durante una semana de ataques en todo el estado de Sao Paulo.
El jefe del PCC, Marcos Willians Herbas Camacho, alias Marcola, se encuentra detenido en la cárcel de seguridad máxima de Presidente Venceslau, interior del estado de Sao Paulo, con una treintena de dirigentes de la banda.
El contraataque policial hacia el PCC causó 477 civiles muertos en enfrentamientos, entre los cuales 122 ejecuciones, la mayoría las zonas perifericas de Sao Paulo y Santos.
Madres de Maio y otras entidades de derechos humanos, incluso una representante de la Madres de Plaza de Mayo de Argentina, se manifestaron ayer en Sao Pablo para reclamar justicia.
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