El presidente uruguayo, José Mujica, transmitió a los diputados del Frente Amplio, coalición de izquierdas en el gobierno, su posición contraria a un proyecto de ley para anular la Ley de Caducidad, que en 1986 dio impunidad a militares y policías que violaron los derechos humanos durante la dictadura.
"No vengo a pedirles que no voten, pero siento la necesidad, más que como presidente, como integrante de la fuerza política, de decir que este es un camino equivocado", dijo Mujica a los diputados en una visita sorpresa el miércoles al parlamento y que consignaron ayer medios de prensa.
Según fuentes parlamentarias, el presidente comunicó a los
legisladores que "no vengo a buscar rédito político, estoy
preocupado por el futuro del Frente Amplio" y agregó que "no hay
argumento que se pueda usar en campaña electoral que rebata el
hecho que se pasan por alto a dos plebiscitos".
"Esta ley compromete el futuro del Frente en el gobierno",
"Hagan lo que quieran", subrayó el mandatario.
La anulación de la Ley de Caducidad, prevista para el 19 de
mayo, genera una doble polémica, primero por las consecuencias
jurídicas que ello podría tener sobre los procesos a ex
represores presos por violaciones a los derechos humanos y
porque la ley fue ratificada por dos plebiscitos, en 1989 y
2009, aunque realizados en condiciones muy discutidas.
Sobre el primer punto, algunos juristas sostienen que la anulación de la Caducidad podría llevar a que 17 ex oficiales presos, entre ellos el ex dictador Gregorio Alvarez (1981-1985), puedan quedar en libertad al dejar de existir en forma retroactiva el marco legal que se aplicó para sus causas. El segundo punto pone en cuestión la legitimidad de una eventual decisión del parlamento en un sentido contrario a los dos pronunciamientos de la ciudadanía, situación que para Mujica haría perder votos al Frente Amplio en las elecciones de 2014.
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