Representantes de diferentes comunidades de Pueblos Originarios, repudiaron ayer, mediante una movilización la represión que hubo el viernes en Colalao del Valle que terminó con un saldo de 8 heridos por parte de la policía de la provincia. El intento de desalojo lo ordenó el juez Carlos Peral, a pedido del Juez de Paz de Colalao del Valle Adolfo Salazar.
El viernes por la mañana, el juez en Documentos y Locaciones de la 3º Nominación, Juan Carlos Peral, a pedido, a pedido del Juez de Paz de Colalao del Valle Adolfo Salazar, ordenó el desalojo en territorios de la Comunidad India Quilmes, a pesar de la vigencia de la Ley Nacional 26.160 sobre ordenamiento territorial que ordena la suspensión de todo desalojo a los Pueblos Originarios de sus territorios, hasta tanto finalice el relevamiento territorial. Dicho plazo fue prorrogado por la Ley 26.554 hasta el 2013.
El saldo de esa jornada fueron 8 personas heridas con balas de goma. “Fueron incidentes tremendos por parte de la policía”, reflejados “con un tiroteo que no paraba y terminó con varios heridos. La policía ingresa de prepo y la comunidad se defiende a palos, con piedras”, comentó el Cacique Francisco Chaile, ayer mientras se movilizaban frente a los tribunales ubicados en 24 de septiembre y Chacabuco.
“Muy poca gente logró luchar contra gases lacrimógenos y garrotazos. Por ahora el juez desconoce nuestra situación aduciendo que nos metimos en una propiedad cerrada, que en realidad eran campos abiertos de la comunidad”, expresó.
Por otro lado agradeció la difusión en diversos medios de comunicación porque “nunca fue como ahora. Los medios se hicieron eco como nunca de esta injusticia. Estamos en el 2011 y desde antes de que llegan los españoles que vivimos acá y hoy estamos siendo desalojados por descendientes de extraños”, resaltó Chaile.
Antecedentes
40 familias integrantes de la CIQ, a fines de diciembre de 2008 decidieron construir sus viviendas en un terreno que ya era utilizado ancestralmente para la recolección de leña y para el pastoreo de los animales. Se trata de un terreno de cuatro hectáreas aproximadamente, ubicado sobre la ruta 40 -unos 500 metros antes de arribar a la localidad de Colalao de Valle-.
La Comunidad Araoz Hnos. dedujo un amparo a la simple tenencia, invocando para ello ser el último detentador del inmueble y alegando la propiedad sobre el mismo.
El juez de Paz de Colalao del Valle, Adolfo Salazar, llevó adelante un procedimiento -no libre de arbitrariedades- que culminó con la sentencia de desalojo, que luego fue ratificada en consulta por el Juez de Documentos y Locaciones de la III Nominación, Juan Carlos Peral.
Sebastián Ganzburg
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