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AMPLIARBrutal represión contra comunidad indígena

8 heridos por intento de desalojo a comunidad Quilmes

Nuevamente el juez en Documentos y Locaciones de la 3º Nominación, Juan Carlos Peral, ordenó un desalojo en territorios de la Comunidad India Quilmes, a pedido del Juez de Paz de Colalao del Valle Adolfo Salazar. Esto derivó en una brutal represión por parte de la policía a los habitantes de esas tierras cuyo saldo fueron 8 heridos.

La situación no llegó a ser tan trágica como la del 2009 cuando la policía, por orden del el juez en Documentos y Locaciones de la 3º Nominación, Juan Carlos Peral, ordenó un desalojo en territorios de la Comunidad India Quilmes, a pedido del Juez de Paz de Colalao del Valle Adolfo Salazar. En ese entonces destruyeron todas las casas de las más de 40 familias que allí viven.

El viernes por la mañana, nuevamente Peral, a pedido de Zalazar, ordenó el desalojo, a pesar de la vigencia de la Ley Nacional 26.160 sobre ordenamiento territorial que ordena la suspensión de todo desalojo a los Pueblos Originarios de sus territorios, hasta tanto finalice el relevamiento territorial. Dicho plazo fue prorrogado por la Ley 26.554 hasta el 2013.

Según comentó la presidenta de ANDHES, Josefina Doz Costas, “el argumento de Peral se basa en una denuncia de la comunidad Aráoz Hnos quienes sostienen que esos terrenos, ubicados en Colalao del Valle, son suyos”.

Como viene ocurriendo desde hace tres años, la comunidad Quilmes continúa resistiendo las arbitrariedades contra los Pueblos Originarios. El viernes, la policía, por orden del juez realizó disparos de bala de goma y gases lacrimógenos, el saldo: 8 heridos.

Posteriormente se reunieron el jefe de la comisaría, el juez Salazar y el cacique de Quilmes, Francisco Chaile, quien recordó que está vigente la ley 26.160 que desde noviembre de 2006 -y prorrogada este año por el Congreso- prohíbe los desalojos de pueblos originarios y ordena la realización de un relevamiento
territorial.

Tras la reunión, Salazar ordenó la suspensión de la orden judicial y las familias permanecerán en el lugar.

El juez Salazar fue denunciado por la CIQ por parcialidad manifiesta en el 2008. “Sólo por esa razón debería excusarse de intervenir en toda contienda en la cual la Comunidad India Quilmes sea parte. Al no hacerlo viola derechos constitucionales referidos al debido proceso”, expresó la presidenta de ANDHES, Josefina Doz Costas, organismo que representan a los pueblos originarios.

Antecedentes

40 familias integrantes de la CIQ, a fines de diciembre de 2008 decidieron construir sus viviendas en un terreno que ya era utilizado ancestralmente para la recolección de leña y para el pastoreo de los animales. Se trata de un terreno de cuatro hectáreas aproximadamente, ubicado sobre la ruta 40 -unos 500 metros antes de arribar a la localidad de Colalao de Valle-.

La Comunidad Araoz Hnos. dedujo un amparo  a la simple tenencia, invocando para ello ser el último detentador del inmueble y alegando la propiedad sobre el mismo.

El juez de Paz de Colalao del Valle, Adolfo Salazar, llevó adelante un  procedimiento -no libre de arbitrariedades- que culminó con la sentencia de desalojo, que luego fue ratificada en consulta por el Juez de Documentos y Locaciones de la III Nominación, Juan Carlos Peral.

¿Quien es Salazar?

Salazar fue designado en su cargo a comienzos de la década del 70, y se mantuvo en el mismo hasta la actualidad sin que se interrumpiera su ejercicio ni siquiera durante la dictadura. Es más, muchas personas que habitan el Valle cuentan como participaba de la quema de predios, desalojos forzados y secuestro de animales sin orden judicial ni proceso en curso junto con los terratenientes durante ese terrible y sangriento período de nuestra historia.

Sebastián Ganzburg