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Frente Amplio postergó anulación de Ley de Caducidad

El Frente Amplio, coalición de izquierdas en el gobierno de Uruguay, resolvió ayer postergar hasta el 20 de mayo la aprobación en la Cámara de Diputados de un proyecto que anula la Ley de Caducidad, que en 1986 dio impunidad a militares y policías que violaron los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985).

La iniciativa, que en principio iba a recibir sanción definitiva el 4 de mayo, fue aprobada por la Cámara de Senadores el 12 de abril tras realizarle modificaciones al texto original elaborado en Diputados.

El diputado Víctor Semproni dijo a El País digital que en la bancada se acordó "darle todas las garantías a la oposición para que pasen por la Comisión de Constitución y Códigos de Diputados todas aquellas organizaciones o personalidades políticas que se quieran consultar sobre el tema".

El presidente José Mujica anunció que no vetará el proyecto una vez que éste sea aprobado, facultad cuya aplicación reclaman la oposición conservadora y sectores militares.

El 20 de mayo es la fecha en que se recuerda a los desaparecidos durante la dictadura, con la denominada Marcha del Silencio que año a año se realiza ese día por 18 de Julio, principal avenida de Montevideo.

El texto del proyecto incorpora la resolución reciente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenó dejar sin efecto la Ley de Caducidad, por lo que se hace prevalecer el derecho internacional por sobre el nacional. Por otro lado, toma en cuenta la declaración de inconstitucionalidad sobre la Ley de Caducidad emitida por la Suprema Corte de Justicia para algunos casos de violaciones a los derechos humanos y se hace extensiva a todas las situaciones. Establece además que no se tomarán en cuenta, para la prescripción de los delitos cometidos por la dictadura, el período que va desde marzo de 1985 hasta el día en que se apruebe este proyecto de ley.

La exclusión de casos de la ley, durante el gobierno anterior de Tabaré Vázquez y el actual de Mujica, habilitó el encarcelamiento de sólo 17 ex oficiales, entre ellos el ex dictador Gregorio Alvarez (1981-1985) por crímenes cometidos por el régimen. Aprobada en 1986 durante el primer gobierno tras la restauración democrática, la Ley de Caducidad fue ratificada en dos plebiscitos, en 1989 y 2009, aunque en ambos casos realizados en condiciones que fueron muy discutidas.