La Iglesia Católica chilena presentó un nuevo protocolo para enfrentar los abusos sexuales cometidos por clérigos y estableció por primera vez la necesidad de investigar los delitos, aunque hayan prescrito.
Además, redujo las formalidades para formular las denuncias y creó un organismo eclesiástico para asistir a las víctimas.
Se trata de una actualización del protocolo de 2003, que analizó la última asamblea de obispos donde se abordó la crisis de la Iglesia producto de las denuncias contra sacerdotes, entre ellos la condena por paidofilia a Fernando Karadima, formador de cinco obispos del episcopado.
"Queremos hacer cuanto sea necesario con caridad, pero con
justicia para evitar los males que provienen de las graves
faltas que algunos ministros de la Iglesia pueden cometer contra
los más pequeños y particularmente las relacionadas con el sexto
mandamiento del Decálogo, que ofenden a Dios, causan un
gravísimo daño a la unidad de la Iglesia y escandalizan al
Pueblo de Dios", señaló el secretario general del Episcopado,
monseñor Santiago Silva.
El texto fijó también la creación de un listado de religiosos y seminaristas que han salido de la Iglesia y el motivo. El objetivo es impedir que quienes han dejado de la carrera sacerdotal por denuncias de abusos sexuales puedan ingresar nuevamente.
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